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Así lo reconoció Guillermo Francos en el informe de gestión de agosto, presentado a la Cámara de Diputados, producto de las auditorías que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad. A estas se suman las más de 75 mil bajas ya registradas. Según el documento presentado, todavía restan finalizar más de 400 mil informes.

La Constitución y la Ley de Defensor del Pueblo establecen que este cargo debe ser ocupado mediante acuerdo de ambas cámaras legislativas, pero en la práctica se bloqueó por disputas políticas entre los distintos bloques parlamentarios.







