En una extensa sesión marcada por tensiones políticas, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en general la reforma a la Ley 26.122, que regula el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones. Sin embargo, el proyecto deberá volver al Senado, ya que no se alcanzó la mayoría necesaria para aprobar el artículo que establecía que los decretos deben ser tratados en un plazo de 90 días desde su publicación para no perder automáticamente su vigencia.
Desde el oficialismo celebraron ese retroceso parcial: "Sirvió la rosca", aseguraron a C5N. "Ganamos dos semanas, nosotros lo tomamos como una victoria absoluta", agregaron. La Libertad Avanza intentó frenar el avance del proyecto por distintos medios. Primero, buscó que la oposición no logre quórum, y al no conseguirlo, el objetivo fue hacer caer algún artículo para impedir que la norma se sancione de forma completa. Ese objetivo, al menos por ahora, fue cumplido.
La iniciativa impulsada por la oposición modifica el esquema actual, que exige el rechazo de ambas cámaras para que un DNU pierda vigencia, y propone que alcance con el rechazo de una sola. También prohíbe los denominados "decretos multitemáticos", como el DNU 70/23, aún vigente. Uno de los cambios centrales —el que finalmente no fue aprobado— apuntaba a incorporar un plazo de 90 días para que el Congreso trate los decretos, bajo pena de que pierdan automáticamente su validez. La Cámara Alta podrá insistir con ese artículo y sancionar la ley completa si reúne los votos necesarios.
Aunque el dictamen fue aprobado en general con amplio respaldo, el artículo 3 fue rechazado por una parte de los bloques dialoguistas, que modificaron su voto al momento de tratarlo en particular. Entre quienes acompañaron en general pero se apartaron en ese punto estuvieron Héctor Baldassi, Sofía Brambilla y Álvaro González (PRO), que votaron en contra del artículo, mientras que Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Juan Manuel López (Coalición Cívica) se abstuvieron, al igual que Karina Banfi (UCR).
También se manifestaron en contra Carlos D’Alessandro y Gerardo González (bloque Coherencia), junto a Eduardo Falcone y Oscar Zago (MID). Ese giro en los apoyos fue determinante para que la cláusula que establecía un plazo de 90 días para tratar los DNU no alcanzara los votos necesarios.
Desde el entorno del presidente Javier Milei sostienen que se trata de un intento por acotar una herramienta utilizada por todos los gobiernos desde la reforma constitucional de 1994. Para La Libertad Avanza, la reforma apunta directamente a limitar las capacidades del actual mandatario. En ese sentido, el diputado Nicolás Mayoraz advirtió que con esta ley "se instala el gobierno del Congreso" y que el oficialismo está siendo despojado de sus atribuciones. "Quieren reformar la Constitución por vía de una ley", sostuvo, y alertó que con el nuevo esquema “será prácticamente imposible construir mayorías para aprobar DNU en el Senado”.
Desde la vereda opuesta, distintos referentes del arco opositor defendieron la modificación. La diputada Mónica Litza (Unión por la Patria) remarcó que “no se le quitan facultades al presidente”, y subrayó que “dadores voluntarios de gobernabilidad no les faltaron” durante estos meses. También diferenció entre los DNU que “ampliaron derechos” y aquellos —como el 70/23— que “vinieron a destruir el Estado”.
En una línea similar, Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) respaldó la iniciativa y recordó que participó en la sanción original de la ley en 2006. Según dijo, "cada gobierno abusó del uso de los DNU", y advirtió que "el modelo está agotado": "Es tiempo de recuperar el debate y el consenso en el Congreso".
El tratamiento de la ley se dio en un contexto económico y diplomático sensible. Mientras se desarrollaba el debate en el recinto, el equipo económico del Gobierno se encontraba en Estados Unidos, en medio de negociaciones con el Tesoro norteamericano y el Fondo Monetario Internacional. En ese marco, Estados Unidos y el FMI vienen reclamando al Gobierno señales claras de gobernabilidad y capacidad de construir acuerdos políticos, de cara a las reformas estructurales que Milei espera impulsar tras la renovación parlamentaria.
El diputado Nicolás Massot hizo referencia a este escenario internacional durante su intervención. Rechazó que la aprobación de la ley sea una señal negativa hacia el exterior y cuestionó duramente la política cambiaria del oficialismo. "Nada más lejos de querer desestabilizar", aseguró. Y agregó que cualquier acuerdo con EE.UU. debe ser "entre naciones, no entre amigos". Según advirtió, la falta de claridad económica puede derivar en una nueva corrida cambiaria y sólo podrá evitarse con diálogo institucional amplio. "Con un tercio no hay forma de que se salve", disparó, en alusión a la debilidad legislativa del oficialismo.
Los DNU de Javier Milei
Desde su asunción en diciembre de 2023, el presidente Javier Milei firmó más de 80 DNU, varios de los cuales generaron fuerte polémica por su alcance y contenido. El más resonante fue el DNU 70/2023, que implicó una profunda desregulación de la economía, modificando o derogando más de 300 leyes.
Ese decreto, ampliamente cuestionado por su carácter general y por no respetar el principio de razonabilidad, fue rechazado por el Senado en marzo, pero sigue vigente porque Diputados aún no lo trató, bajo el régimen actual.
Otros DNU sensibles incluyeron recortes en áreas como salud, educación, derechos laborales y privatizaciones de empresas públicas, generando tensiones tanto con la oposición como con sectores sociales y sindicales.
