En una jugada que refleja el creciente malestar de una parte de la oposición en el Congreso frente al uso sistemático de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Ejecutivo, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados dictaminó este martes a favor de modificar la ley que regula esta herramienta de excepción. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado ya está lista para ser tratada en el recinto. La norma impone límites concretos al uso de decretos y despierta fuertes resistencias en el oficialismo.
La reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos comenzó con un clima de tensión. El secretario parlamentario debió pasar lista nombre por nombre para verificar el quórum, mientras los diputados de La Libertad Avanza (LLA), del PRO y de la UCR permanecían de pie sin responder al llamado, en un intento por bloquear el avance del debate. A pesar de ese gesto, la oposición logró el quórum reglamentario y el plenario se desarrolló normalmente.
El dictamen de mayoría fue respaldado por 35 firmas de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia Para Siempre. El texto mantiene los puntos centrales aprobados en el Senado: los DNU deberán tratarse dentro de los 90 días de su emisión, aún en receso parlamentario; bastará con que una sola cámara los rechace para su derogación, y se prohíben los decretos multitemáticos.
En cambio, LLA firmó un dictamen de rechazo con 10 firmas, y el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, presentó un dictamen propio con diferencias puntuales: acompaña el espíritu de la reforma, pero no está de acuerdo con establecer un plazo fijo de 90 días. “Es inconstitucional desde el aspecto de la voluntad legislativa: si un decreto es rechazado por una de las cámaras, se mantiene vigente, y no hay ley posible cuando una cámara rechaza la sanción de un tema”, argumentó López. Y agregó: “Es suficiente con que una cámara del Congreso lo rechace”.
Un dato político relevante fue la decisión del PRO y de la UCR de no firmar ningún dictamen, a pesar de las declaraciones públicas de sus referentes en la última reunión la semana pasada. Silvia Lospennato, quien había expresado su respaldo a discutir la norma, finalmente no firmó ningún texto –aunque esta definición no anticipa, necesariamente, su comportamiento en el recinto. Desde el PRO afirmaron que su bloque “no firma nada, ni una cosa ni la otra”, un dato interesante pensando en la votación. Lo mismo ocurrió con la UCR: a pesar de que Rodrigo De Loredo había adelantado su voluntad de avanzar con la regulación, estuvo ausente durante la reunión.
La Libertad Avanza, que firmó sólo su dictamen de rechazo –irónicamente en defensa de una ley impulsada por Cristina Fernández de Kirchner- explicó a través de la palabra de Nicolás Mayoraz que este proyecto es “inconstitucional y desestabilizador” y agregó que “genera inseguridad jurídica”.
Por fuera del juego de mayorías y minorías, algunas voces dentro del Congreso reclamaron que la discusión no se reduzca a un conflicto coyuntural con el gobierno de Javier Milei, sino que se trate como una deuda institucional. Esteban Paulón (socialista), firmante del dictamen de mayoría, sostuvo que “los socialistas de la Convención Constituyente se opusieron al DNU porque en una república sana no puede ser más fácil legislar por decreto”, y pidió al Presidente: “No vete esta ley que no tiene consecuencias presupuestarias. Ajústese a derecho, autoblíguese a dialogar con el Congreso, pero sobre todo cumplan con la ley, con la Constitución Nacional, con lo que este Congreso determine. Se llame discapacidad, Garrahan o universidades”.
El diputado Pablo Juliano, radical díscolo, también apuntó contra el funcionamiento actual del Ejecutivo: “Estamos fraguando el dispositivo de 1994. Para ser una república seria, no un país de improvisados. Hoy, un jefe de Gabinete dice que no puede cumplir la ley. ¿Qué leyes quiere cumplir este gobierno?”. Llamativamente, ningún diputado de Unión por la Patria hizo uso de la palabra.
El proyecto que busca reformar la ley 26.122 –impulsada originalmente por el kirchnerismo en 2006– tiene un apoyo en la oposición, aunque no exento de matices. Algunos legisladores coinciden con el contenido de la reforma, pero consideran inoportuno avanzar ahora, temiendo afectar la gobernabilidad de un Presidente que ha hecho del decreto una herramienta central de gestión. Además, la cercanía con las elecciones condiciona el accionar de algunos legisladores que no quieren “regalarle” el escenario al peronismo.
La sesión que originalmente iba a realizarse este miércoles 1° de octubre fue postergada para la próxima semana, justamente porque la oposición aún no logró unificar posiciones. Aun si se aprueba, es probable que Milei vete la ley. En ese escenario, para insistir con su sanción, la oposición necesitaría los dos tercios de ambas cámaras, una mayoría que hoy no está cerca de conseguir.
