Un femicidio cada 33 horas, violencia digital y abandono estatal: cómo llega el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres

Desde enero hasta septiembre de este año, las organizaciones Ahora que sí nos ven, MuMaLá y La Casa del Encuentro registraron entre 192 y 200 femicidios, cifra que se traduce en uno cada 33 o 34 horas. Alrededor del 60% de los femicidas eran pareja o expareja de la mujer que asesinaron.

Las herramientas estatales destinadas a prevenir o reducir la violencia de género que existe antes de la concreción se encuentran desfinanciadas por un Gobierno nacional abiertamente antifeminista. En el Presupuesto 2027 enviado al Congreso no está contemplado el financiamiento de la línea 144 ni del Programa Acompañar.

El Estado continúa inclinándose por intervenir sobre la violencia machista solo desde la Justicia, cuando la mujer ya fue asesinada. E incluso en esa instancia, la figura de femicidio está en riesgo: la Corte Suprema de Justicia deberá determinar si limita la aplicación de esta figura a los asesinatos cometidos por parejas o exparejas, en el marco de la causa por femicidio de Julieta González a manos de Andrés Di Césare en 2016.

La ONG Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) explicó en su página web que "la figura de femicidio existe para identificar cuando un hombre asesina a una mujer por negarse a hacer lo que él quiere: por negarse a tener relaciones sexuales, a continuar con una relación o incluso por denunciar una situación de acoso".

Femicidios en Córdoba durante 2026

Córdoba recibe a las feministas de todo el país con un historial de ocho femicidios hasta septiembre de 2026, casi uno por mes. El caso cordobés que tomó mayor relevancia mediática en los últimos meses fue el de Agostina Vega, de 15 años, asesinada a manos de Claudio Barrelier, de 33 años.

El cuerpo de la niña apareció desmembrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, a las afueras de la ciudad de Córdoba, tras una semana de búsqueda. Barrelier está detenido e imputado por femicidio, por abuso sexual y por posesión de material audiovisual de abuso sexual infantil.

También en Córdoba tuvo lugar el primer femicidio del año, el asesinato de Delfina Aimino, de 22 años. Tomás Ariel Mulinetti, de 23 años, está imputado por los golpes, los cortes y las al menos 20 puñaladas realizadas sobre el cuerpo de su pareja, que fue abandonada en un descampado de Villa María. Mulinetti será juzgado por un jurado popular.

"El imputado actuó desde una posición de superioridad, manifestando un total menosprecio por la vida de la víctima y tratándola como un objeto, lo que fundamenta el agravante de femicidio contemplado en el Código Penal", indicó la Fiscalía que instruyó la causa a cargo de René Bosio.

Rocío Belén Gómez, de 25 años, fue asesinada por Maximiliano Braudaco a puñaladas en Santa María de Punilla. Además de ser pareja, eran primos y tenían una hija en común. El femicida mató a Rocío frente a sus tres hijas luego de una discusión la tarde de la final del Mundial que disputaron Argentina y España. Sus dos hijas mayores, de 9 y 6 años, intentaron frenar el ataque.

Braudaco estaba cumpliendo una condenada por violencia de género contra Rocío y fue detenido tras el femicidio. Además, la Fiscalía del Segundo Turno de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, lo imputó esta semana por abuso sexual reiterado agravado por el vínculo perpetrado contra dos niñas de su entorno.

Natalia Delso, de 38 años, fue golpeada y estrangulada por Juan Galván, de 46 años, en la ciudad de Morteros. El femicida había estado preso por lesiones graves y leves calificadas en una causa de violencia de género contra otra mujer. Galván había salido de la cárcel en 2025 y había mantenido una relación con Natalia, pero ya estaban separados cuando la mató y se suicidó.

Por el femicidio de Luciana Ojeda, cometido en Nueva Córdoba en julio, se emitió una orden de captura internacional contra el polaco Jan Lu Korzeniecki, de 45 años, que apareció muerto en un hotel en Paraguay tras 34 días prófugo. La autopsia constató que Luciana murió por "paro cardiogénico", posiblemente desencadenado por un fuerte golpe en la zona del pecho.

La familia de Luciana describió a su pareja como una persona "violenta", "controladora" y con problemas de alcohol y revelaron que días antes del crimen el hombre rompió con un martillo distintas pertenencias de la víctima, entre ellas su celular. La mujer de 36 años contaba con un botón antipánico por una relación violenta anterior.

Iris Blanco, de 33 años, murió en el hospital tras organizar durante tres semanas por una brutal golpiza a manos de su pareja Ernesto David Romagnoli, de 36 años, quien terminó detenido e imputado por femicidio. Ambos se habían conocido por Tinder mientras el femicida estaba preso y la violencia comenzó cuando salió de la cárcel y comenzaron a convivir.

A María Lucila Pagani, de 47 años, la prendió fuego su marido Gerardo Gasparutti, de 43 años, adentro del auto familiar en Villa Allende, pero el femicida hizo pasar el episodio como un accidente derivado de la explosión del celular de su víctima. La Fiscalía de Instrucción del Distrito 4 turno 4, a cargo de Liliana Copello, lo detuvo y lo imputó por femicidio.

Alejandra Villarreal, de 48 años, se había separado de Daniel Fernández, de 58 años, hacía una década. Tenían dos hijas de 28 y 23 años y dos nietas. Ambos aparecieron muertos en el domicilio de Alta Gracia y la Justicia se decantó por la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio. Según fuentes consultadas por ElDoce.tv, el hombre no superaba la ruptura y era "muy manipulador".

En 2025 se iniciaron 9 causas judiciales por femicidios en las que hubo 10 víctimas directas, según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. Por lo que, en los primeros nueve meses de 2026, se aceleró la violencia machista en Córdoba en comparación con el año anterior. El RNJA publicará el conteo de 2026 recién en junio de 2027.

La inteligencia artificial como herramienta machista

Esta semana tomó relevancia pública otro caso en el que adolescentes utilizan la inteligencia artificial sobre fotos de sus compañeras de clase para desnudarlas y difundirlas para humillarlas o venderlas a través de internet. En esta ocasión, las estudiantes del Colegio Modelo de Lomas de Zamora se organizaron para visibilizar el caso, pero no son las primeras.

La violencia motivó una protesta masiva en la puerta del establecimiento, con familias y estudiantes en una sentada para visibilizar el reclamo. Según los padres, las autoridades del colegio conocían el tema desde hace un mes, pero intentaron silenciar a las víctimas.

Luego de la manifestación, los directivos individualizaron a cuatro estudiantes involucrados y decidieron que sigan las clases en forma virtual, mientras las familias presentaron una denuncia colectiva en la UFI 6 de Responsabilidad Penal Juvenil.

Si bien Argentina cuenta desde 2023 con la Ley N°27.736 -conocida como "Ley Olimpia"-, la cual incorporó la violencia digital a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres para resguardar la reputación, dignidad e identidad en entornos virtuales, estas prácticas tecnológicas aún carecen de una tipificación penal específica como delito autónomo y el alcance de las herramientas de IA en el país.

El Presupuesto 2027 dejó sin financiamiento a la línea 144 y al programa Acompañar

Desde la organización Ahora que sí nos ven advirtieron que en el Presupuesto 2027 que diagramó el gobierno de Javier Milei se excluyó la financiación de la línea 144 y el programa Acompañar. Es decir, no poseen partidas presupuestarias específicas en el proyecto que el Congreso debe tratar, debatir y aprobar para que se aplique.

"Desfinanciar las políticas de prevención, atención y acompañamiento solo genera más víctimas. Estas decisiones del gobierno de Milei se pagan con vidas", remarcaron desde la agrupación que contabiliza femicidios todos los meses.

El Programa Acompañar está dirigido a mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia de género y busca fortalecer su independencia económica mediante un apoyo económico mensual equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil durante seis meses, acompañado de asistencia psicosocial.

Mientras que la línea 144 brinda atención, contención y asesoramiento gratuito las 24 horas, los 365 días del año, a personas en situación de violencia y riesgo. Ambos ya habían sido ajustados durante los primeros dos años de la gestión libertaria.