El endeudamiento en Argentina alcanza niveles críticos y afecta al 92% de las familias, quienes recurren a créditos para cubrir consumos elementales de la vida cotidiana, según indica un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas del Centro de Almaceneros de Córdoba. La pérdida del poder adquisitivo y el aumento de las tarifas obligan a la población a tomar compromisos financieros con tasas de interés usuarias de entre el 400% y el 700% anual.
Nueve de cada diez familias argentinas están endeudadas: el drama en primera persona
La pérdida del poder adquisitivo y el incremento de las tarifas de servicios públicos obligan a la población a tomar créditos con tasas de interés usurarias de hasta el 700% anual para costear su subsistencia diaria.
El caso de Verónica, una jubilada con una pensión no contributiva de $290.000, ilustra el drama social en primera persona. En un informe realizado por la periodista Felicitas Bonavitta para Minuto Uno, la mujer contó que solicitó préstamos para pagar la luz, la garrafa y la comida, lo cual generó una deuda imparable que licúa casi la totalidad de sus ingresos mensuales.
La imposibilidad de pagar y el colapso financiero vienen afectando su salud mental. En diálogo con C5N, la pensionada expresó el impacto de esta asfixia en su vida diaria: "Yo hay muchos días que no me puedo levantar la cama de la depresión que tengo, o sea, no tengo ni ganas de vivir".
El presidente Javier Milei sostiene que los deudores actúan por su propia voluntad. Ante la interrogación oficial sobre si "le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo", la jubilada afirmó que el encarecimiento de los servicios públicos representa una coacción indirecta y que "no se puede vivir así sin dinero".
Las agencias de cobranza acosan a los deudores mediante constantes amenazas telefónicas
Las personas que entran en mora sufren un hostigamiento telefónico constante que se extiende a sus círculos más íntimos. Las empresas cobradoras y los estudios jurídicos que compran las carteras de deudores llaman a familiares, compañeros de trabajo y vecinos, además de realizar amenazas falsas de embargos o quita de beneficios sociales.
La exclusión del sistema bancario formal empuja a los sectores más vulnerables hacia prestamistas informales en los barrios. En los territorios más postergados, las redes del narcotráfico asumen el rol de financistas de la desesperación y exigen la incorporación de los deudores a sus organizaciones criminales como método de pago.
El Estado desatiende los reclamos de los consumidores desprotegidos
Las instituciones públicas destinadas a la defensa de los ciudadanos muestran una inacción absoluta frente a las denuncias de usura. El cargo de defensor del pueblo nacional permanece vacante, mientras que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor evita responder a las consultas sobre las quejas de los usuarios.
El titular de dicha subsecretaría, Fernando Blanco Muiño, percibe un salario oficial superior a los $7.000.000 sin ofrecer soluciones a los afectados. Ante este escenario de abandono estatal, diversas agrupaciones de deudores organizan movilizaciones para visibilizar en las calles un flagelo social que ya no puede ocultarse.
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