El gobierno de Javier Milei sigue encontrando en la política el salvavidas que el discurso agotado sobre éxitos en la macoeconomía dejó de ofrecerle. El programa que prometía terminar con la inflación, recuperar los ingresos, atraer inversiones y poner en marcha un ciclo de crecimiento ya fracasó. La calle lo sabe, lo saben los aliados, que piden cambios en el equipo económico, y también los gobernadores, que le siguen dando gobernabilidad a cambio de prebendas cada vez más exiguas.
La pasada semana legislativa mostró los límites y las potencialidades que aún perduran en esa estrategia. En Diputados, Martín Menem volvió a frustrarse en su intento de reunir los votos para abrir una sesión y el oficialismo quedó expuesto a la capacidad de presión de las provincias. Las diferencias por los cargos institucionales, los reclamos del interior y las modificaciones a distintas iniciativas terminaron bloqueando el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre Malvinas.
En el Senado, una cuestionada Patricia Bullrich consiguió un resultado diferente y logró avanzar con el dictamen para suspender las PASO de 2027, después de negociar con los bloques dialoguistas. El contraste es significativo. El Gobierno no consigue imponer su agenda por peso propio, pero todavía una aliada díscola puede comprar tiempo y respaldos mediante acuerdos, concesiones y compromisos políticos. A los logros de la presidenta del bloque de la Cámara Alta quisieron subirse todos, aun cuando el éxito final no está garantizado, y tuvieron que dejar más de treinta artículos de la reforma política en el camino.
La agenda parlamentaria sigue siendo la principal vidriera del oficialismo. El Presupuesto 2027 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central concentran las expectativas de la Casa Rosada en Diputados, mientras el Senado tiene por delante la Ley de Ludopatía y la mencionada suspensión de la PASO. El debut de Diego Santilli, el reemplazante de Manuel Adorni, con su informe de gestión también forma parte de una semana en la que el Ejecutivo necesita exhibir actividad y capacidad de conducción. Pero la postergación del proyecto sobre Malvinas, los cruces entre Santiago Caputo y Martín Menem y las dificultades para ordenar a los aliados muestran que la gobernabilidad no está garantizada, básicamente porque convirtieron a lo que decían que era el furgón de cola en la locomotora. La proverbial invectiva de Bill Clinton en los 90 —“es la economía, estúpido”— se cierne sobre un proyecto que prometió orden en ese ámbito y solo subsiste por la rosca política de la Casta.
La mesa política es un aquelarre. Detrás de cada votación aparece la negociación por 2027. Pero, como la estrategia no es unívoca, eso tiene consecuencias hacia adentro y hacia afuera. Los Menem quieren construir listas propias en todas las provincias, mientras Santiago Caputo promueve acuerdos con gobernadores que podrían convertirse en aliados electorales. Patricia Bullrich sostiene una estrategia más competitiva y pretende disputar distritos donde el oficialismo considera que tiene posibilidades. Las diferencias no son menores. Rogelio Frigerio, en Entre Ríos, e Ignacio Torres, en Chubut, buscan evitar que una candidatura libertaria divida sus electorados. En Mendoza, la discusión involucra a Alfredo Cornejo y Luis Petri; en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri observa la posibilidad de otra competencia con La Libertad Avanza, golpeado por la derrota frente al malogrado Adorni del año pasado. En Neuquén, la favorita Nadia Márquez aparece como una apuesta libertaria frente a un Rolando Figueroa que negocia con una parte del peronismo; en Río Negro, Enzo Fullone busca construir una alternativa a Alberto Weretilneck. Misiones, Salta, Jujuy, Tucumán y San Juan también forman parte de las conversaciones. La Casa Rosada negocia con los mismos gobernadores a los que, al mismo tiempo, pretende desplazar electoralmente.
El problema es que esa capacidad de negociación no resuelve ninguna de las dificultades económicas que los argentinos necesitan superar. Incluso entre los garantes financieros del rumbo hay dudas. Ya le pasó a Macri en los dos últimos años de su gestión cuando los máximos beneficiarios de la bicicleta se asustaron de las consecuencias de la misma y tiraron del mantel. La caída de los bonos y el deterioro de la deuda argentina reflejan una desconfianza que no puede explicarse solamente por las turbulencias internacionales. La suba de las tasas estadounidenses y la aversión al riesgo afectaron a los mercados emergentes, pero el castigo sobre los activos argentinos fue considerablemente mayor que el registrado en otros países de la región. La comparación con el resto de América Latina debilita todavía más el argumento de Luis Caputo y los suyos de que la caída de los bonos responde principalmente a factores externos.
Si bien la suba de las tasas estadounidenses y la mayor aversión global al riesgo golpearon a los mercados emergentes, el castigo sobre la deuda argentina fue considerablemente más fuerte que el que recibieron sus vecinos. Mientras los bonos argentinos llegaron a registrar pérdidas de hasta el 4%, los brasileños retrocedieron alrededor de 0,8% y los mexicanos menos de 0,1%. La diferencia también se reflejó en el riesgo país: en un mes, el indicador argentino aumentó 261 puntos básicos, frente a una suba de apenas 28 puntos en el promedio latinoamericano. Brasil, Chile, Perú y Uruguay conservaron niveles sustancialmente inferiores. La turbulencia internacional fue compartida, pero la magnitud del deterioro argentino respondió también a problemas propios, vinculados con la falta de reservas, las dudas sobre la capacidad de pago y la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico. El Gobierno consiguió magros logros al desacelerar un poco la inflación, sacrificando al máximo la actividad, el empleo y la capacidad de recuperación. Si Milei buscaba la paz de los cementerios, consiguió más bien un cementerio sin paz, plagado de fantasmas del pasado y con pronósticos sombríos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en un encuentro con pymes en La Rural, con el éxito del programa, y cuestionó a quienes anticipan una nueva disparada del dólar durante el año electoral. "Está en el ADN de muchos argentinos, producto de toda la tormenta que hemos sufrido, el seguir pensando que en algún momento el dólar tiene que ir a $3.000, a $4.000. Y demás. No es así", afirmó. También sostuvo que hay más dólares disponibles y destacó el crecimiento del superávit comercial. Después de su participación, el dólar y el riesgo país subieron como nunca en estos meses.
La situación de los salarios ofrece una medida mucho más concreta de los resultados del programa. El salario mínimo perdió el 40,8% de su capacidad adquisitiva desde noviembre de 2023. La remuneración promedio de los asalariados registrados del sector privado cayó 1,1% real en julio y quedó 1,9% por debajo del nivel que tenía al comienzo de la gestión libertaria. Los datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA contrastan con la defensa que hace Caputo de la recuperación de los ingresos. El ministro destacó que los salarios informales habrían tenido una mejora real muy superior a la de los registrados, pero ese argumento no alcanza para ocultar el deterioro del empleo formal ni la precarización del mercado laboral. La recuperación que reivindica el Gobierno no llega de manera generalizada y los trabajadores registrados todavía no recuperaron el poder de compra que tenían antes del cambio de administración.
La empresa ofreció reubicar al personal en otras provincias o pagar las indemnizaciones corresponde.
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La industria también aporta, cualquier área, señales difíciles de compatibilizar con el discurso oficial sobre la recuperación. Por poner solo un ejemplo de muchos, Arcor decidió cerrar la histórica fábrica de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata y abandonar la producción nacional de enlatados. La medida afecta a 75 trabajadores y supone reemplazar producción local por importaciones desde Ecuador, Tailandia y China. La empresa argumentó que la falta de materia prima, la caída de los desembarques de caballa y la imposibilidad de competir con los productores internacionales volvieron inviable la actividad. El cierre se suma al achicamiento de la industria conservera marplatense, que pasó de unas 35 fábricas a un escenario de pérdida de establecimientos y puestos de trabajo. La crisis pesquera combina la escasez de recursos, el aumento del combustible naval, los costos de extracción y la competencia importada. Es otra señal del retroceso de una estructura productiva que el modelo económico, no sólo no consigue sostener, sino que destruye a propósito.
Es cierto que el frente internacional tampoco ayuda. Milei necesita gestos muy parecidos a los previos a la elección legislativa del año pasado, pero Donald Trump y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, no parecen estar en condiciones de volver a darlos, luego de la aplastante derrota en su propia contienda de medio término. La siempre astuta Patrica Bullrich la había previsto aún antes de saber el resultado en los Estados Unidos. “No nos puede pasar lo del 2025 que quedamos atados a Scott Bessent”, había dicho la senadora a principios de octubre, cuando aún no había perdido Trump ni ganado Lula.
Luego de lo primero, la expectativa de conseguir respaldo financiero de Washington quedó mucho más condicionada después de sus dificultades políticas y, a la vez, el Congreso estadounidense sigue endureciendo su mirada sobre la presencia china en América Latina, más allá de los partidos.
Un informe de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China, un organismo bipartidario creado por el Congreso norteamericano en el 2000, volvió a alertar sobre la creciente influencia de Beijing en América Latina y puso a la Argentina en el centro de sus preocupaciones. El documento, presentado el 18 de noviembre, menciona 48 veces al país y advierte que China consolidó posiciones estratégicas en sectores como el litio, la soja y la pesca, mientras busca ampliar su presencia en el cobre y la infraestructura digital. La comisión, integrada por republicanos y demócratas, sostiene que la expansión china excede el intercambio comercial y puede convertirse en un mecanismo de dependencia económica y presión política sobre los países de la región.
Justamente, uno de los datos más contundentes del reporte se refiere a la ya mencionada actividad pesquera. La comisión estima en u$s2.300 millones anuales las pérdidas económicas que la pesca no declarada y no reglamentada de embarcaciones chinas provoca en Argentina, Chile, Perú y Ecuador. La búsqueda de influencia de los EEUU sobre el patrullaje en el Atlántico Sur es cada vez más evidente.
El informe también advierte sobre la influencia de Beijing en la cadena de valor del litio y la soja y su interés por ampliar el control sobre recursos estratégicos como el cobre. En materia de infraestructura, señala los riesgos de la participación de empresas chinas en telecomunicaciones, puertos y redes digitales. Para Washington, el problema no reside solamente en quién invierte, sino también en quién controla los activos, las tecnologías y las cadenas de suministro de las que dependen las economías latinoamericanas.
La comisión recomienda que Estados Unidos avance con equipos de revisión rápida de inversiones extranjeras para identificar operaciones que puedan comprometer activos estratégicos y asistir a los gobiernos latinoamericanos en la evaluación de contratos. La propuesta tiene una implicancia directa para Javier Milei. La preocupación por el avance chino no es exclusiva de Donald Trump ni del Partido Republicano, sino que forma parte de una posición compartida por demócratas y republicanos. Así, el alineamiento de la Casa Rosada con Washington encuentra un límite en la propia estructura económica argentina, que necesita mantener sus vínculos comerciales y financieros con Beijing. En términos más urgentes, si no hay una señal norteamericana, una señal china serviría para calmar a los mercados pero, con esta presión del Congreso de los Estados Unidos, ese apoyo puede entrañar un riesgo.
En relación con la soberanía, el manotazo de ahogado de Malvinas agrega otras contradicciones, rayanas con la hipocresía. Mientras el oficialismo intentaba presentar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional como una demostración de compromiso con el reclamo argentino, la Cancillería impulsó el ascenso de Mariana Plaza, embajadora en Londres, vinculada durante el macrismo con una política de acercamiento al Reino Unido. Su trayectoria quedó asociada al acuerdo Foradori-Duncan, que priorizó la remoción de obstáculos para el desarrollo económico de las islas sin obtener avances británicos en la discusión sobre soberanía. La promoción de Plaza, impulsada por Pablo Quirno, contrasta con el discurso del Gobierno y con sus intentos de apropiarse de la causa Malvinas como bandera política. Quirno sonaba hasta hace unos días como reemplazante natural de un desgastado Luis Caputo. Hoy, sería unos remedo insuficiente.
El oficialismo todavía conserva herramientas para administrar el poder. Puede negociar con gobernadores, conseguir dictámenes, repartir lugares en las listas y construir mayorías circunstanciales. Pero esa capacidad de supervivencia política no debe confundirse con una recuperación política. Esta estaría atada solamente a una recuperación económica significativa, algo muy lejano. Los acuerdos parlamentarios no recomponen salarios, las alianzas electorales no reabren fábricas y las negociaciones con Washington no garantizan las reservas que necesita el Banco Central. Milei llega a la carrera por 2027 con una estructura política que todavía puede sostenerlo, pero con una economía que sigue sin entregar los resultados sobre los que construyó su promesa de gobierno.