El oficialismo consiguió dictaminar de manera exprés el Presupuesto 2026 y este miércoles a las 14 buscará darle media sanción en el recinto. El dictamen de mayoría reunió 28 de las 49 firmas de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con el respaldo de los 20 diputados de La Libertad Avanza, los miembros del interbloque Fuerza del Cambio —PRO, UCR y MID— y legisladores que responden a gobernadores dialoguistas alineados con la Casa Rosada, como Catamarca, Tucumán, Misiones y San Juan.
Seis de esas firmas fueron en disidencia parcial: el PRO, el MID, el bloque que responde a los gobernadores de Misiones y Salta –Innovación Federal, la UCR y el flamante bloque Elijo Catamarca, Sebastián Nóblega, conformado tras la ruptura con Unión por la Patria luego de negociaciones del gobernador Raúl Jalil con referentes del oficialismo.
Las disidencias, en su mayoría, están vinculadas a un artículo puntual del proyecto que deroga leyes sensibles, entre ellas la de financiamiento universitario y la de emergencia en discapacidad, ambas vetadas, insistidas y luego suspendidas por el Ejecutivo durante este año. En ese punto se inscriben las objeciones de Falcone y Herrera Ahuad.
El PRO, además, no logró torcer la posición del oficialismo respecto a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. El dictamen no incorpora partidas que eleven la participación porteña al 2,95% del total, tal como lo estableció la Corte Suprema en el fallo de 2022, un reclamo que volvió a quedar fuera del texto final.
En términos generales, el dictamen que el oficialismo intentará aprobar no presenta grandes diferencias con el que había sido firmado en noviembre pasado y que cayó por el cierre del período ordinario. El eje central vuelve a ser el ancla fiscal: el Presupuesto 2026 prevé un resultado financiero superavitario y establece que la ejecución debe cerrar con equilibrio o superávit, consolidando la disciplina fiscal como columna vertebral de la política económica.
Durante el debate en comisión, el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, expresó su entusiasmo por “un presupuesto con equilibrio fiscal”, algo que, según sostuvo, “debería haber pasado en la historia de la Argentina, y eso no viene sucediendo”.
Desde la vereda opuesta, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reconoció que “Argentina necesita una ley de Presupuesto”, pero cuestionó la consistencia del discurso oficial. Celebró que el Gobierno ahora quiera “aparecer serio ante el mundo”, aunque recordó que “no lo demostraron cuando en 2024 y 2025 estuvieron prolongando la validez del último presupuesto sancionado por ley: el aprobado en 2022, para el ejercicio presupuestario 2023”.
Además del equilibrio fiscal, el dictamen incorpora una serie de derogaciones que generaron fuerte rechazo de la oposición. Principalmente la derogación de las ya mencionadas leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, a lo que se suma la eliminación de artículos de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que fijaban metas progresivas de inversión como porcentaje del PBI y un artículo vinculado al financiamiento específico del sistema de educación técnica.
También se modifica el régimen de zonas frías: el beneficio no se elimina, pero se altera su arquitectura legal y deja de estar definido directamente por ley, pasando a depender de la reglamentación y las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional.
En paralelo, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 18 firmas, mientras que el interbloque Unidos aportó otro con tres adhesiones, marcando el rechazo al corazón del proyecto oficial.
Los otros dos proyectos que avanzó el oficialismo
En la misma jornada, el oficialismo también logró dictaminar el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca establecer un marco jurídico permanente para prohibir el déficit fiscal y la emisión monetaria sin respaldo. La iniciativa incorpora figuras penales nuevas, con penas de prisión de uno a seis años e inhabilitación absoluta para los funcionarios que dicten normas o ejecuten gastos que incrementen el Presupuesto sin recursos acreditados. Frente a este proyecto, el peronismo presentó una propuesta alternativa que cuestiona el carácter procíclico de la regla fiscal oficial y plantea un esquema estructural y anticíclico, con límites al endeudamiento externo y mayor rol de control del Congreso.
Por último, en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, el oficialismo consiguió dictamen de mayoría para el proyecto de Inocencia Fiscal, conocido como el de los “dólares bajo el colchón”. La iniciativa eleva los montos a partir de los cuales el Estado puede iniciar investigaciones por evasión fiscal, reduce de cinco a tres años el plazo de prescripción para que ARCA determine deudas tributarias y habilita mecanismos de regularización mediante el pago, evitando consecuencias penales. Desde la oposición advierten que se trata de un blanqueo encubierto y presentaron una propuesta propia que busca preservar la capacidad de fiscalización del Estado, especialmente frente a grandes contribuyentes y esquemas de planificación fiscal agresiva.