Diputados: el Gobierno logró dictamen para la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal

El Gobierno consiguió este martes dictamen favorable para la modificación del Régimen Penal Tributario, denominada "Ley de Presunción de Inocencia Fiscal", proyecto que se sumará al Presupuesto 2026 y al proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria para ser tratado en extraordinarias. Las tres iniciativas serán llevadas al recinto este miércoles 17 de diciembre, desde las 14, en una sesión clave para la agenda económica del Ejecutivo.

Impulsado por el Ministerio de Economía, el proyecto de Inocencia Fiscal propone una fuerte actualización de los montos mínimos a partir de los cuales la evasión tributaria se considera delito penal. El piso pasaría de $1,5 millones a $100 millones. En el Gobierno sostienen que la medida apunta a reducir la criminalización de infracciones menores y a incentivar la regularización de capitales no declarados, estimados en unos u$s243.000 millones fuera del circuito formal.

Según fuentes libertarias, la iniciativa redefine los criterios para la configuración de los delitos fiscales, focaliza la intervención penal en casos de evasión relevante, fija límites a la prescripción de las faltas tributarias y establece la extinción de la acción penal si el contribuyente regulariza su situación ante el fisco.

El dictamen de La Libertad Avanza reunió 44 firmas, con el acompañamiento de cuatro diputados del PRO, dos de la UCR y seis representantes de fuerzas provinciales. Desde la oposición, la izquierda presentó un dictamen de rechazo, mientras que Provincias Unidas no suscribió ninguna propuesta. Unión por la Patria quedó como segunda minoría con un dictamen propio respaldado por 29 firmas.

La iniciativa del peronismo también contempla una actualización de los pisos de evasión, pero los fija en función del salario mínimo, vital y móvil, y propone la eximición de la pena penal mediante el pago de lo adeudado, más intereses y multas. Además, habilita la rectificación voluntaria de declaraciones juradas antes de una inspección para evitar la denuncia penal, y establece un plazo de 10 años para los reclamos impositivos de provincias y aportes patronales.

En paralelo, el dictamen opositor acompaña la simplificación del régimen de declaraciones juradas, aunque limita ese beneficio a contribuyentes con “capacidad contributiva razonable”, fijando topes de $200 millones de ingresos y $2.000 millones de patrimonio.