A través de Cáritas Nacional y las comisiones de Pastoral Carcelaria y Pastoral Social, la Iglesia argentina manifestó este lunes su firme rechazo al proyecto de baja de la edad de imputabilidad. En una carta dirigida a los legisladores, la institución advirtió que la medida “no resuelve el problema”, sino que lo agrava, y calificó la iniciativa como una respuesta vinculada al “oportunismo electoral” carente de sustento técnico.
La Iglesia rechazó la baja de la edad de imputabilidad: "No resuelve el problema, lo profundiza"
Cáritas y diversas comisiones episcopales reclamaron a los legisladores priorizar políticas de educación y salud mental por sobre el enfoque punitivo.
El documento cuenta con el respaldo de organismos internacionales como UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría y diversas asociaciones de magistrados y profesionales de la salud mental. Bajo la consigna “bajar la edad no baja el delito”, el texto sostiene que la seguridad no mejora reduciendo el umbral de punibilidad, sino fortaleciendo las oportunidades de desarrollo para los jóvenes en contextos vulnerables.
La postura eclesiástica se fundamenta en su trabajo territorial en barrios populares, escuelas y Hogares de Cristo. Los obispos cuestionaron que, aunque fueron convocados al debate parlamentario, sus sugerencias no fueron integradas al proyecto de ley. “A decir verdad, hemos sido ‘escuchados’; sin embargo, no vemos reflejados nuestros aportes”, denunciaron en el escrito.
Desde una perspectiva científica, la Iglesia recordó que el cerebro adolescente está en desarrollo, lo que afecta el control de impulsos. Por este motivo, rechazaron el eslogan "delito de adulto, pena de adulto" y remarcaron que la intervención penal debe ser el último recurso. Según señalaron, el ingreso temprano al sistema carcelario “no sólo no resuelve el problema, sino que profundiza el daño”.
Inconstitucionalidad y falta de recursos para la reinserción
Los firmantes advirtieron que el proyecto presenta “serios cuestionamientos de constitucionalidad”, al entrar en conflicto con tratados internacionales de Derechos Humanos y la Ley de Protección Integral de la Niñez. Asimismo, destacaron que Argentina, con un límite de 16 años, posee tasas de homicidios menores a las de países de la región que aplicaron legislaciones más restrictivas y punitivas.
La carta pone en duda la capacidad operativa del Estado para garantizar condiciones dignas de detención. Los obispos interrogaron a los legisladores sobre si existe el presupuesto necesario para asegurar tratamientos psicológicos, capacitación laboral y dispositivos adecuados de reinserción social, elementos que consideran ausentes en la estructura institucional actual.
Finalmente, el mensaje concluyó citando al papa Francisco, quien sostiene que los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a quienes no han alcanzado la madurez. Para la Iglesia, la solución estructural al delito juvenil no reside en el castigo, sino en la generación de “más educación, más oportunidades y más esperanza” para los adolescentes.
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