En un hecho de características cinematográficas, el ciudadano italiano Leonardo Bertulazzi (74 años), exintegrante de la organización terrorista Brigadas Rojas, se fugó de su arresto domiciliario en el barrio porteño de San Telmo. El prófugo, sobre quien pesaba un pedido de extradición a su país natal, utilizó un arnés para descolgarse desde el balcón de su departamento hasta un terreno baldío lindero. El escape recién fue advertido por los efectivos de la Policía Federal Argentina durante el cambio de guardia.
Para evadir los controles oficiales, Bertulazzi diseñó un dispositivo casero con el que alteró las mediciones de la tobillera electrónica monitoreada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Este mecanismo simuló la temperatura corporal, los latidos y los registros de humedad para evitar que saltara la alarma del sistema. Al notar la falta de movimiento, los agentes ingresaron a la vivienda y hallaron el rastreador modificado. El hallazgo provocó la intervención de la División Explosivos de la PFA ante la sospecha de que pudiera tratarse de una bomba, hipótesis que fue descartada tras la inspección técnica.
La fuga se produjo en momentos en que las autoridades argentinas se encontraban preparando su entrega a la Justicia de Italia. Bertulazzi fue condenado en su país a 27 años de prisión por su participación en el secuestro del industrial Pietro Costa en 1977 y por su pertenencia a la organización armada de extrema izquierda. El trámite de extradición había sido avalado por la Corte Suprema de Justicia tras la revocación de su condición de refugiado político por parte del Gobierno nacional.
El historial de Bertulazzi en Argentina se remonta a su ingreso en 2002, tras permanecer 44 años prófugo en Latinoamérica. Durante la década de 1970, integró la columna de Génova de las Brigadas Rojas y estuvo vinculado a la logística del secuestro del exprimer ministro italiano Aldo Moro. Tras ser detenido en Buenos Aires en 2002, quedó en libertad debido a que la legislación local no contemplaba por entonces la extradición de condenados en ausencia, tras lo cual obtuvo el estatus de refugiado en 2004, beneficio que mantuvo hasta 2024.
Tras confirmarse la evasión, la jueza federal María Servini ordenó la captura inmediata del prófugo. En este momento, la Policía Federal Argentina mantiene desplegado un operativo de búsqueda intensivo, centrado en el análisis de las cámaras de seguridad de San Telmo y sus alrededores para rastrear el recorrido del prófugo.
