Por qué bajar la edad de imputabilidad no es la solución para frenar la violencia juvenil

Régimen Penal Juvenil, baja de imputabilidad, crímenes. Todas palabras que inundaron la agenda mediática en la antesala de una semana política y legislativa clave para el Gobierno, que pretende llevar a 13 años el umbral de punibilidad para juzgar a menores que cometieron delitos. Pero los especialistas esgrimen distintos argumentos para justificar que la propuesta oficialista no es la solución del conflicto. Es mucho más profunda, requiere de herramientas y políticas estatales para resocializar a los jóvenes que cometieron delitos.

“La sensación que me da este Gobierno es que, como no puede ofrecerle al pueblo vivir mejor, ganar más, que la plata te alcance, te mienten en la inflación y las jubilaciones son una vergüenza, entonces entrega mano dura y una solución falsa”, reflexionó la abogada Claudia Cesaroni, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, en una entrevista con C5N.

La letrada, escritora y docente, propone en primera instancia diferenciar entre los conceptos de baja de imputabilidad y baja de punibilidad. El primero de ellos implica modificar la capacidad legal para entender la criminalidad de un acto (menores), mientras que el segundo refiere a una reducción de la edad con el foco puesto en el castigo penal.

"En el caso de los niños y adolescentes no estamos discutiendo eso. No importa si pueden entender lo que están haciendo en términos estrictos. Un chico de 12, 13 años puede entender que está mal matar, robar. Lo que estamos discutiendo es la respuesta que se le va a dar a esta acción que hacen: si lo vamos a someter a un proceso penal o no”, aclaró.

Para Claudia Cesaroni, bajar la edad de punibilidad no es la solución porque "el sistema penal no viene a evitar los delitos, no está para prevenir, llega tarde, cuando el delito y el daño ya están hechos". "En el caso de niños y niñas adolescentes, lo que debe primar y la mirada que debemos tener no puede estar atravesada por el proceso penal, porque son personas en formación", remarcó.

En el proyecto de ley que busca reformar el Régimen Penal "no se habla de resocializar, reparar". Está planteado desde el puro castigo". Además, alertó, "se construye una magnitud del problema que no es real, es mentiroso. Es falso que haya miles de adolescentes menores de 16 años que cometan delitos”.

Los datos sobre la criminalidad juvenil

Los números de la Justicia provincial sacan a la luz los bajos casos de delitos cometidos por jóvenes, tanto en la provincia de Buenos Aires, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Según datos de la Corte Suprema, solo el 0,01% de los menores ingresó a la Justicia en 2024.

El distrito más populoso del país cuenta con 4.656.149 de menores, de los cuales 1.802 fueron ingresados a la Justicia provincial en 2024, según la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia. Lo que representa un 0,04% de la población total de niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, la población de menores de 17 años en la Ciudad de Buenos Aires es de 563.727 y en 2024 ingresaron a la Justicia porteña 610. Un 0,11% de todos los niños, niñas y adolescentes que desarrollan su vida en la capital del país.

Baja de imputabilidad - menores presos

Según el relevamiento sobre Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal producido por Unicef en 2023: hay 1971 jóvenes infractores o presuntos infractores de la ley penal de hasta 17 años alojados en establecimientos o incluidos en programas de todo el país, sobre un total de población de adolescentes (13 a 17 años) del país, que según el Censo Nacional de 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos es de 3,5 millones.

Si se suman a quienes tienen más de 18 años, pero cumplen medidas por delitos cometidos siendo adolescentes menores de 18, el número total asciende a 4.156 en todo el país. Del total de adolescentes menores de 18 años, solo 44 son no punibles, es decir, menores de 16, la absoluta mayoría (1927) tiene entre 16 y 17 años.

Para Cesaroni, "no se puede concebir una política pública que va a abarcar a miles de menores de 16 años para abordar con pocos casos".

"Lo que se tendría que priorizar como política estatal es alcanzar a esos miles de jóvenes que ya están cerca del delito pero no porque lo eligen, no porque tienen la capacidad suficiente y el desarrollo mental para involucrarse en el delito. Son chicos. Lo que debe primar como política pública es tratarlos como niños y construir políticas educativas, sociales, si es que no los han alcanzado”, alertó.

La abogada remarcó que "en las condiciones de pobreza que viven millones de adolescentes en nuestro país, y quiero ser muy cuidadosa con lo que uno dice, la proporción de los que están involucrados con una situación delictiva es ínfima. Son muchos más lo que están revolviendo la basura, los que no tienen una escuela de calidad”.

"Estamos hablando de 4 mil pibes en todo el país y no asesinos, puede ser robar un celular o participar de un robo de otro orden, no matar. Esos 4 mil son lo que hoy son punibles y hasta el año 2023 había unos 400 no punibles. Estos últimos no es que se van a su casa sin ninguna respuesta, eso es falso. Hay intervenciones, lo que no hay es condenas a prisión”, indicó.

El uso político del caso Jeremías y la pelea en el Senado

El Gobierno volvió a poner en agenda la reforma del Régimen Penal Juvenil en semanas de conmoción social por el crimen de Jeremías Monzón, el joven de 15 años asesinado a puñaladas en Santa Fe por tres adolescentes de 14 años.

En la visión de Claudia Cesaroni, "hay mucho para hacer en términos de políticas públicas, que tomar un caso grave con mucho impacto mediático y doloroso, como es lo de Jeremías, para intentar construir un escenario de tal gravedad".

“Aparece Bullrich con la madre de Jeremías, utiliza de modo vergonzoso a esa mujer y familia y el uso político que se hace de eso. Y algo que lo digo con mucho respeto: las víctimas no pueden legislar porque son víctimas. El problema es la utilización que se hace. Ante las familias yo solo tengo silencio y callarme frente a su dolor”, sumó.

Jeremías Monzón

En este marco, la abogada analizó que los gobiernos de corte derechista avanzan con este tipo de iniciativas "porque ellos saben que le puede rendir. Igual creo que es un problema transversal a las distintas fuerzas políticas".

"La dificultad para abordar este tema siempre pasa por si se gana o se pierden votos. Hay una enorme falta de coraje para plantarse en estos temas para explicárselo a la sociedad de un modo distinto al que están repitiendo todo los canales de televisión con una mirada punitivista. La gente no tiene porque saber los datos exactos”, agregó Cesaroni.

El Régimen Penal Juvenil buscará media sanción en Diputados

El oficialismo buscará el jueves 12 de febrero darle media sanción en Diputados al proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad a 13 años, aunque para poder conseguir los votos y lograr su aprobación, resignaría la idea inicial y aceptaría la propuesta de los bloques aliados de llevar la punibilidad a 14 años.

"Es un momento muy difícil, el Gobierno consiguió mayorías relativas en ambas cámaras del Congreso. Por primera vez creo que es muy probable que puedan lograr la baja. Creo que va haber muchas declaraciones de inconstitucionalidad, aunque el daño ya va estar hecho. Es muy difícil volver una ley atrás, por supuesto que con otra representación política puede suceder, no es imposible, pero creo que ellos buscan esa victoria simbólica”, analizó la integrante de la Red Argentina No Baja.

Para Cesaroni es importante dejar en claro que "tiene que haber un régimen penal para adolescentes, distinto al actual. El cual tiene que tener como centralidad la reintegración social de los adolescentes y la revisión periódica de las penas que se les impongan. Esos son dos principios del derecho internacional vinculado a las infancias y adolescencias. Eso para los de 16 y 17".

Y para los menores de entre 13 a 16, que el Gobierno pretende que pasen a ser punibles, "hay muchas cosas que hacer de orden social, sanitario, educativo, desde el deporte, las iglesias, entre otras, que hay que hacer antes de que los pibes cometan delitos".