El Gobierno va a apelar el fallo a favor de la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno apelará el fallo del juez federal Martín Cormick a favor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, según confirmaron fuentes oficialistas a C5N. El magistrado consideró este martes que el Ejecutivo no podía condicionar con el decreto 759/2025 la aplicación de una ley que había sido aprobada por el Congreso pese al veto presidencial.

Cormick hizo lugar a una acción de amparo colectivo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales y docentes, y a otra demanda acumulada iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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En concreto, el juez cuestionó la frase incluida en el decreto que establecía que la promulgación se realizaba “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629” porque terminó funcionando como un mecanismo para frenar una ley que el Congreso había aprobado nuevamente con una mayoría de dos tercios después de que el Poder Ejecutivo la hubiera vetado.

Por eso, ordenó al Gobierno “el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”.

La estrategia de la gestión de Milei para evitar aplicar las leyes aprobadas por el Congreso es apelar en todas las instancias judiciales posibles hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. De esta forma, el Gobierno evita destinar dinero a los sectores que el Parlamento le indica que se encuentran con emergencia presupuestaria.

La Corte Suprema de Justicia ya falló a favor de la Ley de Financiamiento Universitario

La Corte Suprema de Justicia ratificó en junio una cautelar que ordena al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue vetada por el presidente Javier Milei pero después el Congreso volteó esa decisión del Ejecutivo, por lo que insistió con la normativa.

En un fallo firmado por los tres jueces del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema declinó una presentación del Gobierno ya que advirtió que no hay una sentencia definitiva. La resolución se refiere a los artículos 5 y 6 de la ley, que marcan una actualización de los salarios del personal docente y no docente y la recomposición de programas estudiantiles.

Docentes y no docentes reclaman una recomposición salarial del 33,4%.

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La resolución se produjo después de un acuerdo entre la administración libertaria y el sector universitario para incrementar los fondos, que fue firmado el 10 de junio. Aquel entendimiento se trataba de una actualización salarial del 24,33%, un aumento del 20% del monto de los gastos de funcionamiento en las universidades y una suba de $50.000.000.000 para los hospitales universitarios. Por este motivo, el fallo judicial no tendrá un impacto económico que altere las proyecciones del Gobierno.