El Gobierno suspendió el decreto y dejó sin efecto la desregulación del servicio de prácticos tras el paro en los puertos

El Gobierno nacional este jueves la suspensión de la desregulación del servicio de practicaje y pilotaje, una medida que había generado un fuerte conflicto con los profesionales de la actividad y que derivó en demoras en los puertos y complicaciones para el comercio exterior.

La decisión fue establecida a través del decreto 716/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Alejandra Monteoliva y Federico Sturzenegger. La norma deja en suspenso la aplicación del decreto 690, vigente desde fines de julio, y vuelve a poner en funcionamiento el esquema regulatorio anterior mientras se desarrolla una instancia de diálogo con el sector.

La marcha atrás había sido anticipada por el Gobierno luego de alcanzar un entendimiento con los representantes de los prácticos. El acuerdo incluyó el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación, una rebaja del 20% en las tarifas del servicio y el compromiso de trabajar en una nueva regulación.

La marcha atrás con la desregulación del Gobierno

El decreto 690 buscaba flexibilizar el acceso a la actividad mediante la eliminación de diversas restricciones para incorporar nuevos prestadores, con el argumento de fomentar la competencia y reducir costos. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por prácticos, pilotos y baqueanos, quienes dejaron de tomar nuevos servicios, lo que provocó demoras en la operatoria de los puertos y un impacto sobre la logística del comercio exterior.

En los fundamentos del nuevo decreto, el propio Ejecutivo admite que el conflicto produjo una situación extraordinaria que comprometió el funcionamiento del sistema de practicaje y pilotaje, motivo por el cual resolvió suspender temporalmente la reforma.

Como parte de la nueva etapa, el Gobierno creó una Mesa de Trabajo que funcionará en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional. El espacio estará integrado por funcionarios de esa cartera, representantes de la Prefectura Naval Argentina, de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) y de las entidades que nuclean a los profesionales del sector.

El objetivo será consensuar un nuevo marco normativo para la actividad, mientras que el Ministerio de Seguridad, la Prefectura y la Anpyn quedaron habilitados para adoptar las medidas necesarias que aseguren la continuidad del servicio durante el proceso de negociación.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca desactivar el conflicto que afectó la actividad portuaria y avanzar en una solución consensuada antes de impulsar una nueva reforma para el sistema de practicaje y pilotaje.

El decreto completo