Tras el fracaso de la Ley Ómnibus, el Gobierno evalúa prorrogar por segunda vez el período de sesiones extraordinarias que finaliza el próximo jueves 15 de febrero.
Tras el fracaso de la Ley Ómnibus, el Ejecutivo busca darle curso en el Senado a la ley que mejora la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Victoria Villarruel, presidenta del Senado.
Tras el fracaso de la Ley Ómnibus, el Gobierno evalúa prorrogar por segunda vez el período de sesiones extraordinarias que finaliza el próximo jueves 15 de febrero.
La decisión del Ejecutivo está lejos de tener algún vínculo con el megaproyecto que el presidente Javier Milei envió a la Cámara de Diputados en diciembre del año pasado, sino que sería para darle curso en el Senado a la ley que mejora la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El proyecto logró la firma del dictamen en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado, terreno de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se involucró personalmente para dar impulso a la iniciativa y habló con senadores que tenían dudas sobre el proyecto.
La iniciativa, aprobada por Diputados en abril de 2023, formó parte del último entendimiento que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluye las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El GAFI estará a fines de febreros y principios de marzo en la Argentina para una nueva evaluación. Por este motivo existe una urgencia para sancionar la ley e impedir que el país forme parte de la lista gris del organismo.
Diputados y senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) le exigieron este lunes al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que designe con "urgencia y sin más demoras" a los representantes para la Comisión Bicameral Permanente para tratar el mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei.
En un comunicado, la UCR advirtió sobre el significado de que no se nombren a los representantes de la Comisión Bicameral Permanente. "La decisión de no designar a los representantes de la Cámara de Diputados constituye una omisión inconstitucional que atenta contra la división de poderes y el régimen republicano de gobierno", marcó.
Por este motivo, le exigió a Menem que "con total urgencia y sin más demoras, cumpla con lo establecido por el artículo 3 de la Ley 26.122 y designe a los integrantes de la Cámara que Ud. preside en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, siendo que ese es el único paso pendiente para que la misma pueda funcionar".
En el reclamo a Menem, la UCR además advirtió que "su persistente demora en conformar la Comisión ya no puede ser atribuida a la inexperiencia en el cargo ni a los tiempos burocráticos" y agregó que "de persistir en su actitud dilatoria tendremos el deber de actuar con todas las herramientas legales a nuestra disposición para cumplir con el mandato de la Constitución Nacional que todos los miembros del Congreso hemos jurado respetar y hacer respetar".
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