Con exposiciones de especialistas, Diputados retoma el debate por la Defensa de la Soberanía

La Cámara de Diputados volverá a discutir este martes el proyecto de Defensa de la Soberanía, en un plenario que comenzará a las 15.30 y reunirá a las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El encuentro estará encabezado por Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.

La convocatoria se produce después de que la reunión anterior terminara abruptamente a raíz del fuerte cruce entre el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois y legisladores libertarios. En esta oportunidad, el objetivo será avanzar con una nueva jornada informativa y escuchar a especialistas propuestos por las distintas bancadas.

Entre los expositores estarán el exministro Daniel Filmus, el exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona, el intendente de Punta Indio, David Angueira, y representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), del Observatorio Malvinas y del CELS. También participarán especialistas y académicos de la UBA y de otras instituciones.

Qué propone el proyecto de Defensa de la Soberanía

La iniciativa impulsada por el Gobierno plantea reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones contra quienes participen de la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El texto establece penas de hasta 20 años de prisión, inhabilitaciones y un registro público de infractores. Las restricciones ya no alcanzarían únicamente a los hidrocarburos, sino también a otros recursos naturales renovables y no renovables.

Además, propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. El organismo tendría facultades para coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia.

El proyecto también contempla medidas ante amenazas consideradas graves e inminentes, como el bloqueo temporal de fondos, restricciones financieras y comerciales y la suspensión de determinadas autorizaciones. A su vez, incorpora la posibilidad de derribar aeronaves o hundir buques considerados hostiles como último recurso dentro de un protocolo específico.

Otro de los puntos establece restricciones al financiamiento extranjero de partidos y campañas electorales e incorpora nuevos delitos vinculados con espionaje, operaciones clandestinas, desinformación, violencia y sabotaje.