Mientras los fuegos artificiales celebraban la captura de Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores los engranajes del chavismo seguían girando aceitados por Washington. La foto cambió, pero la película es la misma.
La detención del expresidente marca el fin de una era, pero no necesariamente el fin del sistema. Mientras la oposición y gran parte de la comunidad internacional celebran, los economistas advierten sobre la fragilidad de un país que debe reestructurar su deuda y pacificar sus fuerzas armadas en tiempo récord.
Maduro, Trump y una reconfiguración política que pocos vieron venir.
Mientras los fuegos artificiales celebraban la captura de Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores los engranajes del chavismo seguían girando aceitados por Washington. La foto cambió, pero la película es la misma.
En estos días, se estableció una reconfiguración política que pocos vieron venir: Venezuela aún no tiene las condiciones dadas para girar hacia una democracia. La administración pública y las Fuerzas Armadas siguen bajo control operativo del chavismo. Esto no solo complica la transición, sino que revela una paradoja: la Casa Blanca necesita temporalmente a estos actores en el poder. Lejos de ser desplazados de inmediato, hoy funcionan como los garantes operativos necesarios para asegurar el flujo de los barriles de petróleo y otros minerales hacia el norte, además de contener la influencia rusa, china e iraní en el Caribe.
A partir de este punto, es innegable que el régimen de Maduro había llevado a Venezuela al abismo y que su salida era un clamor popular debido a años de éxodo, hambre, represión y crisis humanitaria. No obstante, confundir esta operación militar con una liberación democrática es un error de cálculo. Tal como advierte el analista venezolano Moisés Naím, las intervenciones externas pueden derivar en "dictaduras más convenientes" y estamos viendo la mutación hacia una “autocracia eficiente” para los Estados Unidos. Una lógica de “orden primero, democracia después”, ya aplicada en Medio Oriente, donde el “después” nunca llegó.
Washington, gracias a esta estabilidad frágil y a la extracción forzosa del presidente en ejercicio, determina el camino de la política exterior, los recursos naturales, las finanzas y el futuro de la nación bolivariana. Aun así, el hilo conductor de esta estabilidad artificial no es institucional, sino energético.
Ahora bien, para que un régimen sea considerado democrático se necesitan elecciones libres y transparentes. La evidencia sugiere que la Casa Blanca no prioriza este desenlace: el congelamiento de la transición política es, paradójicamente, la condición que permite asegurar el flujo petrolero y otros intereses sin fricciones democráticas.
Internamente, la autoridad chavista en Venezuela se perpetúa en el poder a través del Tribunal Supremo de Justicia. A partir de su propia interpretación de la Constitución calificaron la extradición de Maduro como una “falta temporal”. Esto les permite ignorar la figura de “falta absoluta” que obligaría a llamar a elecciones en 30 días, luego de la captura del Jefe de Estado.
El Tribunal facultó a Delcy Rodríguez, como vicepresidenta Ejecutiva, para asumir la Presidencia Encargada. Delcy es una política venezolana que ejerció varios cargos durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y actualmente conforma la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partido histórico del chavismo.
En ese sentido, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, reconoció a la mandataria no por convicción democrática, sino bajo un "pacto de estabilidad" con la necesidad de blindar los intereses económicos militares y evitar purgas internas. De esta manera, se perpetúa la estructura de control chavista bajo una nueva tutela en la que se evita confrontar con Estados Unidos.
Este escenario deja a la oposición liderada por María Corina Machado ante una disyuntiva existencial. Si bien celebran el fin de la era Maduro, existe el temor fundado de ser desplazados por este pacto pragmático entre el chavismo y el trumpismo. Aquí se presenta un riesgo claro para la sostenibilidad venezolana: que la comunidad internacional acepte un status quo autoritario, bajo supervisión estadounidense, en lugar de presionar por una reinstitucionalización democrática genuina.
Lo cierto es que el desorden político impacta de manera directa en la ya frágil economía venezolana. En un contexto en el que el dólar oficial roza los 330 bolívares, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta una inflación para 2026 de alrededor del 269.9%, en un escenario moderado, que podría dispararse hasta el 682.1% si la confianza colapsa.
La estrategia de EE. UU. frente a este escenario es la reinserción del país al sistema financiero occidental. Trump quiere destrabar los 5.000 millones de dólares del FMI para inyectar liquidez al Banco Central de Venezuela, fijar el tipo de cambio y financiar importaciones críticas. Lo real es que ese monto no es suficiente: analistas y think tanks como Brookings declaran que para obtener estabilidad se necesitan alrededor de 50.000 millones de dólares en un periodo de 18 a 24 meses. La economía no es el fin, sino el medio de una estrategia mayor.
Más allá de las cifras, la operación plantea una duda estructural sobre las motivaciones reales. Cabe preguntarse si la preocupación por la democracia venezolana precedía a la remoción de Nicolás Maduro o si surge como consecuencia de tener al país bajo su órbita. Los hechos sugieren que la retórica de la “libertad” utilizada por el gobierno estadounidense podría no ser un fin en sí mismo, sino la herramienta discursiva necesaria para validar una órbita de influencia sobre la nación.
La evidencia apunta a que la operación actual no responde a una justificación moral a destiempo, sino a una oportunidad de reconfiguración mediante el uso directo del poder. Es interesante observar que la política exterior de Estados Unidos ha demostrado históricamente una tolerancia selectiva hacia el autoritarismo, manteniendo relaciones robustas con Estados autocráticos o autoritarios como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos o Qatar, entre otros. Es por ello que se configura en Venezuela lo que podríamos llamar un “modelo saudí” caribeño: petróleo garantizado sin exigencias democráticas.
En este marco, la administración Trump justificó la captura de Maduro como una “liberación” que conllevó al “fin de la tiranía”. Por su parte, el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) publicó un documento titulado “El presidente Trump está restaurando la prosperidad, la seguridad y la protección para Estados Unidos y Venezuela”.
Este doble estándar confirma que el factor determinante para Washington nunca fue la falta de democracia en Venezuela, sino su falta de subordinación a las ambiciones estratégicas estadounidenses. Una variable que la Casa Blanca ha decidido corregir por la fuerza, ratificando así que en la política internacional no existen amigos permanentes, solo intereses permanentes.
Chevron será la empresa líder en la recuperación de la explotación del crudo, mientras que las empresas europeas Repsol (España) y Eni (Italia) aumentarán sus operaciones e inversiones de inmediato. En paralelo, la postura de la Unión Europea resulta reveladora: mantienen un “no reconocimiento político pero diálogo operativo” —reuniéndose incluso con Delcy Rodríguez—, lo que ratifica su alineación con la estrategia norteamericana para asegurar recursos y reducir la dependencia del petróleo ruso.
Si bien el petróleo ha quedado relegado a un rol instrumental —operando como el “facilitador” financiero de la transición—, no constituye el fin estratégico último. El verdadero horizonte de largo plazo yace en el Arco Minero del Orinoco: con reservas de oro estimadas en más de 2.000 toneladas y depósitos críticos de coltán, tierras raras y bauxita, Venezuela posee uno de los activos no desarrollados más grandes del mundo. El mercado ya ha reaccionado ante este potencial latente: un caso ilustrativo es el de la canadiense-estadounidense Gold Reserve Ltd., cuyas acciones se dispararon un 103% ante la expectativa de recuperar las concesiones de Brisas y Siembra Minera, depósitos valorados en más de 44.000 millones de dólares que la firma busca “desarrollar” tras años de arbitrajes.
Dicho esto, en términos quirúrgicos, los motores de la proyección de fuerza se encuentran en las disputas geopolíticas que se reflejan en la agenda pública de seguridad nacional de la nación del norte. De esta manera, se busca la expulsión de actores extra-hemisféricos con influencia en Venezuela.
La injerencia directa también busca restablecer la hegemonía de seguridad a través de la desaparición de la influencia de sus adversarios, concentrada en tres frentes: con Irán y Hezbollah, el objetivo es anular la logística de inteligencia y las conexiones preexistentes. En el caso de China, la meta es triple: cortar el ciclo de deuda por petróleo, impedir el uso de puertos duales en el Caribe y exponer la vulnerabilidad de su tecnología militar. Finalmente, ante Rusia, la prioridad es degradar su cooperación técnica y demostrar que sus sistemas de defensa no tienen respuesta efectiva ante la superioridad aérea de Estados Unidos.
A través del éxito de la operación “Absolute Resolve”, Estados Unidos comprobó que la presión ejercida con fuerza abrumadora sobre el entorno regional le otorga una ventaja disuasiva que sus rivales no están dispuestos a desafiar militarmente.
Aunque el poder estadounidense no es absoluto, la aplicación del “Corolario Trump” ha reactivado la Doctrina Monroe en América Latina —esa vieja herramienta del siglo XIX que, al igual que en los tiempos más duros de la Guerra Fría, busca alinear al continente bajo las prioridades estratégicas de Estados Unidos—. Es esta tutoría la que hoy maneja los vaivenes de la nación venezolana.
Desde la óptica del derecho internacional público, la legitimidad de la operación es altamente cuestionable. La extracción forzada o “secuestro” de un Jefe de Estado en ejercicio viola el principio de inmunidad soberana, independientemente de sus credenciales democráticas. Además, resulta llamativa para los analistas la pretensión de juzgar a un mandatario extranjero en tribunales de Nueva York bajo legislación doméstica. Si bien existen acusaciones graves, la comunidad jurídica debate si el foro adecuado para procesar a líderes de Estado no debería ser una instancia multilateral como la Corte Penal Internacional (CPI), en lugar de un sistema judicial nacional que actúa como juez y parte al mismo tiempo.
Esto lleva a la siguiente pregunta: ¿queda algo de aquel Estados Unidos que diseñó la arquitectura normativa internacional post 1945? Todo indica que su objetivo ha cambiado. Hemos entrado en una nueva etapa global en la que a Occidente le ha dejado de ser funcional un mundo basado en reglas. Por el contrario, el interés de Estados Unidos es inventar sus propias normas en función de sus objetivos.
El establishment estadounidense ha consolidado un excepcionalismo sin límites: el interés nacional absoluto bajo la lógica de “America First” prevalece sobre cualquier norma, tratado internacional o crisis humanitaria. Desde el inicio del mandato de Donald Trump, la dirección de esta doctrina es clara y su impacto se traduce en un aumento del caos en la arquitectura política y económica global.
Es por ello que la complejidad de 2026 no es producto del azar, sino de una disrupción calculada por quienes ostentan el poder real en el tablero global. Nos adentramos en una era de desequilibrio crónico y previsibilidad nula. Paradójicamente, quienes durante décadas se erigieron como garantes de la paz hoy erosionan el orden internacional para priorizar un proteccionismo explícito.
Así, mientras se reactiva el flujo de crudo, se desactiva la esperanza de una reinstitucionalización genuina. Para una ciudadanía que anhelaba democracia, libertad y prosperidad económica, estas continúan siendo promesas diferidas. Al final del día, el mensaje de los Estados Unidos es claro: importan los suministros y sus propios intereses geopolíticos, no el sufragio.
Más que una liberación, asistimos a una reconfiguración forzosa del territorio para convertirlo en un bastión de seguridad y recursos en la gran disputa del siglo XXI. Venezuela deja de ser un país en crisis para convertirse en un activo estratégico bajo la nueva administración. No fue una emancipación, fue una reasignación.
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