El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que las fuerzas armadas de su país llevaron a cabo otro ataque "letal" en el mar Caribe contra una embarcación "afiliada a una organización terrorista designada", que ocasionó la muerte de tres presuntos narcotraficantes.
El anuncio, realizado a través de su plataforma social Truth Social, detalla que la acción fue ordenada por el Pentágono después de que la inteligencia confirmara que la embarcación transportaba narcóticos ilícitos a través de una ruta de tráfico conocida.
El ataque cinético es parte de una vasta operación militar estadounidense en el Caribe, que incluye el despliegue de al menos ocho buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y cazas F-35 con base en Puerto Rico. La administración Trump no proporcionó detalles sobre la ubicación exacta del incidente ni sobre la bandera o el origen del barco atacado.
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Venezuela denuncia "ejecuciones en serie" y exige la intervención de la ONU
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladímir Padrino López, reaccionó al anuncio calificando el despliegue militar estadounidense como una "guerra no declarada" contra su país. Según las autoridades venezolanas, el reciente ataque no es un hecho aislado. Caracas denunció que Estados Unidos bombardeó al menos tres embarcaciones venezolanas en las últimas semanas, lo que habría resultado en la muerte de aproximadamente 15 personas.
Estas acusaciones elevan la tensión en una región ya marcada por las disputas políticas entre ambos países. Padrino López criticó duramente el método empleado por las fuerzas armadas estadounidenses, argumentando que recurrir a ataques letales en lugar de interceptar e incautar las embarcaciones constituye una violación de los derechos humanos.
El ministro denunció que los individuos a bordo del buque fueron "ajusticiados en el mar Caribe, sin derecho a la defensa".
En respuesta directa a la creciente presencia militar de Estados Unidos y a los ataques reportados, Nicolás Maduro ordenó el despliegue de tropas y el inicio de ejercicios militares en la isla de La Orchila. El gobierno venezolano sostiene que la escalada de la confrontación es una estrategia para desestabilizar la nación y derrocar a su actual liderazgo.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, se unió a las críticas y exigió formalmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que inicie una investigación sobre lo que describió como "ejecuciones en serie" de ciudadanos venezolanos en aguas caribeñas.