Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Sustentabilidad Sin Fronteras, Ambiente Sano, Eco House, entre otras organizaciones, emitieron un comunicado donde analizaron las consecuencias de no tener una hoja de ruta climática pública y a la altura de las circunstancias, vulnerando estándares de transparencia, gobernanza y participación pública.
La dura advertencia de organizaciones ambientalistas.
En el marco de la COP 30 en Belém, Brasil, diferentes organizaciones cuestionaron la participación de Argentina en la COP30 de Belém que dejó en evidencia un profundo deterioro de la política climática nacional.
En un contexto global que exige aumentar la ambición, reforzar la colaboración y el multilateralismo, y acelerar la acción climática, el país llegó sin presentar la actualización de sus compromisos climáticos -Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0)-, la cual debía haber sido presentada en febrero pasado, y asumió un rol contradictorio en las discusiones globales sobre cambio climático, que en ocasiones fue regresivo en materia de derechos humanos.
A pesar de haber convocado dos espacios formales en las semanas previas a la COP -el taller “Potenciando la acción climática en Argentina a través de la cooperación internacional” y la Mesa Ampliada del Gabinete Nacional de Cambio Climático-, Argentina no presentó la NDC 3.0 que había anticipado en dichos espacios. En estos encuentros, la Subsecretaría de Ambiente difundió “resultados preliminares” y los principales componentes de un compromiso climático construido sin participación real ni un proceso federal, transparente y claro. Esos espacios virtuales transcurrieron con chats cerrados, sin posibilidad de preguntas y sin convocatoria al Consejo Asesor Externo, una pieza clave de la Ley 27.520 que dejó de funcionar apenas asumió el gobierno.
El país llegó a Belém sin NDC, sin metas climáticas claras y sin una hoja de ruta climática pública y a la altura de las circunstancias, vulnerando estándares de transparencia, gobernanza y participación pública establecidos tanto por la legislación nacional como por el Acuerdo de Escazú.
Los contenidos preliminares presentados no anticipan un rumbo acorde a la emergencia climática: no incluyen mayor ambición en reducción de emisiones, ni avances en adaptación, ni información sobre pérdidas y daños, priorizando un enfoque basado en cambios metodológicos que no representan esfuerzos adicionales reales. La no presentación terminó de confirmar un proceso improvisado y desalineado con las obligaciones del Acuerdo de París, dejando pasar una oportunidad de fortalecer los compromisos climáticos del país y su obligación de proteger a la población de los impactos ya inevitables y visibles del cambio climático en Argentina.
La participación internacional de la Argentina en materia de cambio climático tiene una historia marcada por el impulso del multilateralismo y la cooperación. El país fue uno de los primeros en ratificar el Acuerdo de París, ha sostenido posiciones constructivas en la agenda de adaptación, un área que históricamente lideró, y ha jugado un rol clave en la construcción de espacios como ABU (conformado por Argentina, Brasil y Uruguay) y, posteriormente, el Grupo Sur (conformado por Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay). Este recorrido contrasta con su rol reciente, donde las señales de compromiso han sido menos claras y más inconsistentes, con un hito claro en la COP29 donde se retiró a la delegación en pleno proceso de negociaciones.
Mientras en Belém, en las negociaciones sobre adaptación, Argentina mostró su perfil histórico, sin obstruir las discusiones y acompañando consensos necesarios para fortalecer la resiliencia de los países vulnerables, en otras áreas clave la posición fue marcadamente distinta. En temas como género, derechos humanos y transición justa, el país adoptó posturas restrictivas que buscaron limitar el alcance social y ambiental en las decisiones multilaterales.
En este sentido, Argentina objetó referencias a igualdad de género, proponiendo reemplazar “gender equality” (equidad de género) por la expresión regresiva “between men and women” (entre hombres y mujeres). También rechazó menciones a derechos humanos, incluyendo el derecho a la autodeterminación de los Pueblos Indígenas, y se opuso a fortalecer sinergias con la Agenda 2030 y las Convenciones de Río. Esta postura resultó excepcional dentro de la sala: únicamente Paraguay acompañó los intentos de recortar referencias a género, frente a una mayoría sólida de países y grupos que se manifestó en contra.
Además, el país insistió en utilizar el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales para bloquear cualquier lenguaje relativo a riesgos ambientales y sociales asociados a la transición energética y, objetó conceptos como acceso universal a la energía, la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles ineficientes o la creación de entornos habilitantes domésticos, por considerarlos interferencias en las políticas nacionales.
Revertir este escenario de contradicciones, retrocesos y deterioro de la credibilidad requiere reconstruir la institucionalidad climática, especialmente en un contexto de desjerarquización institucional, garantizar la participación pública y federal, transparentar los procesos de planificación y promover una política exterior alineada con los estándares internacionales de derechos humanos, equidad y justicia climática.
Esa reconstrucción debe involucrar a los múltiples actores que hoy sostienen la agenda climática en el país: gobiernos subnacionales que enfrentan los impactos crecientes del cambio climático, pueblos indígenas y comunidades locales que protegen territorios claves para la adaptación y mitigación al cambio climático, universidades y centros de investigación que producen evidencia y organizaciones socioambientales, jóvenes, de mujeres y diversidad que impulsan la justicia climática.
El cambio climático ya afecta al país: sequías, olas de calor, inundaciones, incendios forestales y enfermedades transmitidas por vectores ponen en riesgo la salud y el bienestar de las personas, afectan la producción e infraestructura y comprometen la estabilidad económica. La inacción no solo limita la posibilidad de construir una estrategia de desarrollo inteligente y acorde a los desafíos de la crisis socioecológica actual.
Solo con instituciones fuertes, metas serias, participación amplia y un enfoque basado en el pleno respeto de los derechos humanos y protección de la biodiversidad, el país podrá alinear su acción climática con las necesidades reales de su población y enfrentar de manera justa y efectiva una crisis que ya no admite demoras.
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