El Juzgado en lo Civil y Comercial N°9 de Mar del Plata condenó a una inquilina a pagar $61.427.500 a las propietarias del chalet que había alquilado debido a los daños constatados en el inmueble que volvió a las dos mujeres en noviembre de 2023 al desalojarla. Según la sentencia, la casa había quedado "inutilizable".
La defensa de la acusada nunca se presentó para formar parte del proceso judicial, el juzgado declaró "rebeldía" y determinó que el silencio de la parte demandada permitió presumir la veracidad de los hechos alegados. Aún así solicitó pruebas corroborantes.
El juez resolvió que la suma reconocida debe abonarse en un plazo de diez días, con intereses calculados a una tasa anual del 6% desde la fecha de desocupación y, posteriormente, según la tasa activa bancaria hasta el pago efectivo. También difirió la regulación de honorarios para una etapa posterior.
La reparación del daño debe tender a restituir al damnificado al estado anterior al hecho dañoso, por el pago en dinero o en especie.
Cómo inició la causa
Las demandantes iniciaron la causa al recibir la vivienda en condiciones que describieron como "abandono", con "mucha suciedad", faltantes de puertas, radiadores, sanitarios y otros elementos fundamentales del hogar que habían dejado a cargo de la acusada.
En el acta notarial labrada al momento de la entrega se enumeró falta de cerraduras y picaportes, la destrucción de la pérgola, la ausencia de barandas y puertas interiores, la falta de caldera y radiadores, y la carencia de varios artefactos eléctricos y sanitarios. En ese momento, la pericia de desalojo la realizó una martillera.
Qué pruebas se sumaron a la causa
El tribunal designó una experta para realizar una pericia arquitectónica en el marco de la causa, que actualizó la suma que inicialmente demandaban las propietarias: u$s10.000 y $24.988.000. La casa era chalet de dos plantas con amplios ambientes, cocina equipada y calefacción por caldera, según el informe de desalojo.
Se agregó como prueba el testimonio de un trabajador que restauró el inmueble y enumeró los trabajos que realizó: reparación de inodoros, grifería y persianas y colocación de picaportes y sanitarios que habían desaparecido durante la ocupación. Otras testigos corroboraron la falta de muebles, puertas interiores y radiadores.
Como prueba documental habían aportado presupuestos de reparación, fotografías del estado del inmueble y registros policiales de la denuncia presentada tras la entrega.