La COP30, que se celebrará en Belém do Pará, Brasil, del 10 al 21 de noviembre, será un momento histórico, ya que por primera vez la cumbre en la que se debatirán los desafíos más urgentes del cambio climático se realizará en la Amazonía.
La Conferencia de las Partes llega por primera vez a la Amazonía. Unos 200 países se darán cita para debatir sobre los desafíos del cambio climático.
La COP30, que se celebrará en Belém do Pará, Brasil, del 10 al 21 de noviembre, será un momento histórico, ya que por primera vez la cumbre en la que se debatirán los desafíos más urgentes del cambio climático se realizará en la Amazonía.
A horas del inicio, la novedad es que se conoció que una comitiva nacional se hará presente, en un contexto que tiene a la Argentina con una agenda climática debilitada desde el comienzo del gobierno de Javier Milei.
Según el último informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) frente a un panorama donde la crisis climática es una realidad mundial, ante el aumento de las inundaciones e incendios en el país, el Gobierno recortó un 81% de las partidas ambientales desde que asumió su gestión.
"La agenda ambiental y climática no es una prioridad", sentenció Camila Mercure, coordinadora de Política Climática de FARN, a C5N, sumado a la desjerarquización del Ministerio de Ambiente, transformándolo en una subsecretaría dependiente del área de Turismo, Ambiente y Deporte.
En cuanto al presupuesto, detalló que los recortes "no solamente son en la ejecución del presupuesto asignado a partidas ambientales, sino también de lo que respecta a la asignación de un nuevo presupuesto para años entrantes".
En una reciente entrevista, el presidente Javier Milei volvió a no reconocer el calentamiento global: "Por lo tanto, lo que digo es: no se están verificando las hipótesis, aquellos que impulsan una determinada agenda y hagan que a usted no le financien una investigación, si no pone en medio la palabra cambio climático, no lo hace cierto. O sea, no es una posición en contra, ni a favor, ni nada. Es primero los datos".
Estos pensamientos y formas de ver el mundo se contradicen con las principales corrientes para poder contener los efectos del cambio climático a corto y largo plazo. "Debemos recordar que un poco desde el inicio y en la campaña se hablaba abiertamente y se negaba el cambio climático", sentenció Mercure,.
En esta línea es necesario poder ver la dimensión ambiental de manera general, no aislada de la dimensión social, económica, etc. porque Argentina es un país muy vulnerable a los eventos climáticos extremos.
Camila puso como ejemplo la catástrofe de Bahía Blanca que ocurrió a principios de este año, "no tener en cuenta medidas de adaptación y poder implementarlas, al final del día, no solamente es un perjuicio para la sociedad y los ecosistemas, sino que también tiene costos económicos".
El lunes pasado desde la Subsecretaría de Ambiente de la Nación presentaron la tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) que consiste en una meta de emisiones netas para 2030 y 2035 que no supera las 375 MtCO2e.
El titular, Fernando Brom, expresó en una publicación oficial del Gobierno que "nuestra NDC muestra que Argentina está haciendo los deberes en política ambiental. Nuestro trabajo desde la Subsecretaría de Ambiente es mitigar, adaptar y sobre todo postular para el 2030 y el 2035 objetivos alcanzables y realistas: la ambición debe ser siempre lo posible".
Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional son los planes nacionales de acción climática que presenta cada país en virtud del Acuerdo de París. La NDC describe cómo planea reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir al cumplimiento del objetivo mundial de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C y adaptarse a los efectos de la variación del clima. Teniendo en cuenta la capacidad de cada país, el Acuerdo de París exige que se actualicen estas contribuciones cada cinco años con un nivel de ambición cada vez mayor.
En el año 2019 se sancionó la ley que establece los presupuestos mínimos para garantizar acciones, instrumentos y estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático en todo el territorio nacional.
"Así como que se tiene que elaborar un plan nacional de adaptación y mitigación para cumplir con los compromisos a 2030, también establece que en las provincias tienen que elaborar e implementar lo que se llaman sus planes de respuesta al cambio climático, que básicamente son planes subnacionales con medidas de adaptación y mitigación para contribuir también con los esfuerzos nacionales", explicó Camila.
Hasta el momento, solamente Jujuy, La Pampa y Misiones lograron la convalidación nacional de sus Planes Provinciales de Respuesta al Cambio Climático. En medio de un contexto en el cual la política climática no es una prioridad para el Gobierno "es necesario que las provincias tengan sus planes, primero porque obviamente Argentina es muy diferente, a lo largo y a lo ancho, hay realidades muy distintas, condiciones ambientales y climáticas muy distintas, contextos distintos".
"Entonces es necesario que cada provincia también pueda tener su propio diagnóstico de la provincia, saber cuáles son los riesgos climáticos y que a partir de eso pueda presentar, pueda pensar, diseñar y elaborar políticas públicas en materia de adaptación y mitigación, porque es probable que lo que tal vez una provincia necesite, otra no o no tanto", replicó.
En esa línea, remarcó que "es necesario que haya otros actores, gobiernos locales, subnacionales, sociedad civil, que empiecen o que traten de mantener esta agenda climática. Es necesario que empezamos a entender cómo las distintas variables y los distintos elementos y cómo van teniendo efectos en otras dimensiones y en la medida en la que también estemos más informados y que nos preocupe o nos empiece a interiorizar más, también podemos pedir y exigir más a quienes toman las decisiones".
La Conferencia de las Partes (COP 30) será una instancia clave para consolidar compromisos concretos en torno a la adaptación al cambio climático, el financiamiento y la transición energética justa. Luego de las discusiones en Bakú durante la COP 29, esta cumbre se presenta como un punto de inflexión para transformar los acuerdos en mecanismos de implementación real.
Uno de los temas prioritarios será la adaptación, especialmente relevante para América Latina. En la última, COP se avanzó en la necesidad de definir indicadores que permitan medir el progreso o el retroceso de las políticas de adaptación.
Este año, el desafío será establecer un conjunto de 100 indicadores comunes que sirvan para evaluar si las medidas aplicadas resultan efectivas. La falta de herramientas concretas dificulta poder determinar el impacto de las estrategias locales frente a los efectos del cambio climático. Además, los países deberán discutir cómo implementar internamente esos indicadores, es decir, cómo traducir los acuerdos globales en acciones verificables dentro de cada territorio.
Otro punto central de la agenda será el nuevo objetivo de financiamiento climático. Durante la COP 29, se definió elevar la meta anual que los países del norte global deben movilizar hacia los del sur, pasando de 100.000 millones de dólares a 300.000 millones. Detallando que "ese financiamiento sea mayoritariamente en forma de donaciones, que no sean formas de préstamos, que después requiere que los países tengan que ver de qué manera que muchas veces de vuelta es a través de actividades extractivistas", expresó Mercure.
Sin embargo, esta cifra aún está lejos de las necesidades reales estimadas en 1,3 billones de dólares anuales. La llamada “hoja de ruta de Bakú a Belem” apunta a establecer cómo escalar ese financiamiento y a crear submetas específicas que diferencien los fondos destinados a mitigación, adaptación y pérdidas y daños, evitando los desequilibrios observados en metas anteriores.
Uno de los reclamos más reiterados por los países en desarrollo es que el financiamiento sea de calidad, accesible y mayoritariamente en forma de donaciones, no de préstamos. El objetivo es evitar que la ayuda climática se convierta en deuda y que los Estados deban recurrir a actividades extractivas -como la explotación de fósiles o minerales- que contradicen los principios de la acción climática y agravan los impactos ambientales y sociales.
Finalmente, la COP 30 deberá avanzar en la implementación del Programa de Trabajo sobre Transición Justa, creado en la COP 27. Este programa busca guiar a los países en la transformación de sus economías y sectores productivos hacia modelos descarbonizados y socialmente equitativos.
Hasta ahora, el enfoque se había centrado en el intercambio de experiencias; sin embargo, desde la sociedad civil se demanda pasar de los diálogos a la acción concreta, especialmente en el sector energético, responsable de una gran parte de las emisiones globales.