La detención y posterior investigación contra la abogada argentina Agostina Páez en Brasil sumó una voz fuerte y crítica. Anamá Ferreira se refirió al caso en Radio 10 y dejó definiciones tajantes sobre el racismo, la diferencia de marcos legales entre ambos países y la naturalización de conductas discriminatorias.
“Mirá, es un hecho muy triste y lamentable. Yo vivo en una Argentina, amo la Argentina, pero es un país racista”, afirmó Ferreira. Y marcó un contraste claro: “Si hablás mal de un judío, por suerte está la DAIA, que es una entidad fuerte y en dos minutos está presente y defiende. Pero con los bolivianos, los peruanos, los paraguayos, que todo el mundo los trata con desprecio, nadie los defiende”.
En ese sentido, destacó la legislación antirracista de Brasil y la contundencia de su aplicación. “En Brasil hay una ley que está informada en todos lados para que no discriminen a la gente afrodescendiente”, sostuvo.
Ferreira hizo referencia a la Ley Nº 7.716/1989, que tipifica los crímenes de discriminación racial, y a su modificación a través de la Ley Nº 14.532/2023, que equipara la injuria racial al delito de racismo. La normativa prevé penas de prisión de dos a cinco años, no admite fianza y contempla sanciones adicionales, como la prohibición de asistir a eventos deportivos o culturales.
El caso que generó repercusión internacional tiene como protagonista a Páez, abogada argentina de 29 años, investigada por la Justicia de Río de Janeiro por ofensas racistas contra un trabajador de un bar en Ipanema, en la zona sur de la ciudad. El episodio ocurrió el 14 de enero y derivó en la retención de su pasaporte, la prohibición de salir del país y la colocación de una tobillera electrónica como medida cautelar.
Según la denuncia y las imágenes incorporadas a la causa, el conflicto se inició tras una discusión por un presunto error en el pago de la cuenta. Páez habría señalado al empleado, lo habría llamado “negro” de manera despectiva y, mientras el trabajador revisaba las cámaras de seguridad, habría imitado a un macaco, emitiendo sonidos y utilizando la palabra “mono”, una expresión considerada racista en Brasil.
La investigación quedó a cargo de la 11ª Delegacia de Polícia da Rocinha. Ante la gravedad del delito imputado y el riesgo de fuga, la Justicia brasileña dispuso medidas restrictivas mientras avanza el proceso, en un país donde la injuria racial es considerada racismo y se sanciona con penas efectivas de prisión.