Inocencia Fiscal II: Diputados dio media sanción al proyecto del Gobierno

La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al proyecto de Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno para incentivar la formalización de los ahorros en dólares que permanecen fuera del sistema financiero.

El proyecto obtuvo 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones. Acompañaron a La Libertad Avanza el PRO, la UCR y el MID, además de parte de Provincias Unidas. Entre los legisladores de ese espacio que votaron a favor estuvieron el rionegrino Capozzi, los santafesinos Núñez y Scaglia y los jujeños Rizzotti y Zigarán. También respaldaron la iniciativa los diputados de Catamarca, Misiones, Salta, Tucumán, San Juan, Neuquén y Santa Cruz.

En contra votaron Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica, Natalia de la Sota y Marcela Pagano, además de parte de Provincias Unidas: cinco de los seis diputados cordobeses, los porteños Martín Lousteau y Martín Coletta, el santafesino Esteban Paulón, el bonaerense Pablo Juliano y el chubutense Jorge Ávila.

Las dos abstenciones también correspondieron a Provincias Unidas: la mendocina Lourdes Arrieta y la cordobesa Alejandra Torres.

En el debate de la iniciativa quedó expuesta una de las concesiones que el oficialismo había realizado durante el tratamiento en comisión: la exclusión de los funcionarios públicos del régimen. El cambio fue incorporado luego de las críticas que había generado el proyecto y adquirió especial relevancia por la adhesión que había realizado el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni al régimen original, aprobado a fines de 2025.

La diputada Laura Rodríguez Machado, integrante del oficialismo y miembro informante del proyecto, defendió la modificación y remarcó que el Gobierno decidió avanzar con la exclusión de los funcionarios. "No dudamos un minuto de eliminar a los funcionarios públicos del régimen de inocencia fiscal. A nosotros no nos tiembla el pulso a la hora de generar más transparencia y menos impunidad", afirmó.

La iniciativa busca modificar algunos aspectos del régimen de Inocencia Fiscal I, que había recibido cuestionamientos de contadores y tributaristas, principalmente por el riesgo de que los contribuyentes perdieran los beneficios del sistema ante inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas.

Uno de los principales cambios es la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio para acceder al régimen, que hasta ahora estaban fijados en $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente. Además, se flexibiliza el concepto de "discrepancia significativa" entre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El objetivo del oficialismo es atraer al circuito formal los denominados "dólares del colchón". Durante el debate, el diputado Nicolás Mayoraz defendió la iniciativa y sostuvo que busca incorporar al sistema financiero los ahorros de argentinos que permanecieron fuera del circuito formal.

"Los 170 mil millones que están fuera del sistema no se generaron durante el gobierno de Javier Milei sino durante los gobiernos del kirchnerismo y tenemos que lograr que se incorporen al sistema", sostuvo Mayoraz, quien aprovechó para chicanear a la oposición “eso va a traer la posibilidad de solucionar genuinamente el problema de los deudores que ustedes dicen que tanto les preocupa”, lanzó.

Las críticas de la oposición

Desde la oposición cuestionaron que el proyecto pueda limitar la capacidad de ARCA para investigar maniobras de evasión y advirtieron que, detrás de la simplificación del régimen, podría generarse un beneficio para contribuyentes que hayan cometido irregularidades.

El senador Martín Lousteau fue uno de los dirigentes que apuntó contra ese aspecto de la iniciativa y sostuvo que "detrás de la supuesta intención de simplificar la vida y la declaración jurada para los buenos contribuyentes, se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos".

En el mismo sentido, el dirigente radical cuestionó el alcance político del proyecto y planteó una denominación alternativa: "Podríamos llamarla ley contra la persecución de evasores seriales, narcos y corruptos. Si quieren otro nombre más corto, ley de facilitación e impunidad de la evasión. Si quieren uno todavía más corto, ley Adorni y Espert".

Desde Unión por la Patria, el diputado Juan Grabois cuestionó el espíritu de la iniciativa y sostuvo que "convierte en culpables a los inocentes, y en inocentes a los culpables. Convierte por ley en inocentes a los evasores".

A su vez, el diputado Aldo Leiva propuso rebautizar el proyecto como "ley de delincuencia fiscal". "Lo que hoy estamos tratando no es inocencia, es delincuencia fiscal, que es la que ustedes han promovido desde el inicio. Esa delincuencia que se acrecienta con el paso de ustedes por el gobierno", acusó.

Guillermo Michel también cuestionó los cambios desde el punto de vista técnico y comparó el mecanismo con el denominado "tapón fiscal" o "bloqueo fiscal" de Domingo Cavallo. Según explicó, el esquema consiste en que el contribuyente presente su última declaración jurada y que el organismo recaudador tenga mayores restricciones para retrotraerse sobre períodos anteriores.

Con la media sanción de Diputados, el Gobierno consiguió avanzar con una de las iniciativas que considera centrales en su paquete económico. Ahora, el proyecto deberá continuar su recorrido en el Senado.