Patricia Bullrich volvió a defender la baja de imputabilidad: "No podemos seguir teniendo Jeremías"

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, recibió a la familia de Jeremías Monzón, el menor de 15 años asesinado a puñaladas por tres adolescentes, y volvió a defender la baja de imputabilidad: "No podemos seguir teniendo Jeremías".

En diálogo con la prensa, la exministra de Seguridad aseguró que el Gobierno venía trabajando desde el año pasado en el proyecto de Ley Penal Juvenil y que busca llevar a 13 años el umbral etario a partir del cual una persona puede ser juzgada y condenada por la comisión de un delito en Argentina.

"No podemos seguir teniendo Jeremías asesinados por otros menores, menores que matan y vuelven a su casa como si no hubiera pasado nada", afirmó Bullrich, el Congreso se prepara para debatir la modificación de la Ley Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero.

En esa línea remarcó que "hubo muchos casos, hace más de 20 años que estamos trabajando en esto, este Gobierno tuvo la decisión de mandar el proyecto, de trabajarlo, de impulsarlo, circunstancias que la política muchas veces decide por la política y por las cosas que necesita la sociedad".

También remarcó la ley va a dejar "un legado y ese legado lo va a interpelar a todo el país para que eduquemos mejor a nuestros chicos para que advirtamos cuando hay acciones de violencias, para que actuemos antes".

Modificación de la Ley Penal Juvenil: cuál es la edad mínima de imputabilidad en otros países del mundo

Actualmente, Argentina mantiene un régimen penal de la minoridad establecido en 1980, que fija la punibilidad a partir de los 16 años para delitos graves, dejando a los menores de esa edad fuera del sistema penal tradicional, aunque sujetos a la intervención de jueces de menores.

La mayoría de los países occidentales distingue entre la mayoría de edad penal —generalmente a los 18 años, cuando se aplican las penas de adultos— y el inicio de la responsabilidad penal juvenil, que suele comenzar antes y conlleva un proceso diferenciado con sanciones socioeducativas.

Mientras algunos sistemas priorizan la baja de la edad para combatir la inseguridad, otros refuerzan los sistemas de responsabilidad adolescente con garantías específicas, tal como lo sugiere la Convención sobre los Derechos del Niño, priorizando medidas excepcionales y breves de privación de libertad.

baja edad imputabilidad

El escenario en Sudamérica: Brasil, Uruguay y Chile

En el Cono Sur, la tendencia general mantiene la mayoría de edad penal a los 18 años, pero con sistemas de responsabilidad adolescente bien definidos. En Uruguay, el artículo 34 del Código Penal establece la inimputabilidad antes de los 18 años, aunque rige un sistema infraccional a partir de los 13 años. A pesar de un plebiscito en 2014 que intentó bajar la edad de imputabilidad plena a los 16 años, la reforma fue rechazada, manteniéndose un sistema diferenciado con sanciones distintas a las del mundo adulto.

Chile presenta un esquema similar: la edad de imputabilidad adulta es a los 18 años, pero la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley 20.084) abarca a los jóvenes de entre 14 y 17 años. Este marco garantiza defensa especializada y prohíbe el derivar a los condenados a cárceles de adultos; en su lugar, deben cumplir sanciones en centros especiales enfocados en la educación y la rehabilitación de adicciones.

En el caso de Brasil, la Constitución y el artículo 27 del Código Penal fijan la imputabilidad a los 18 años. Sin embargo, el Estatuto del Niño y del Adolescente permite que, a partir de los 12 años, los menores cumplan penas por actos infraccionales. Estas no son condenas carcelarias, sino "medidas socioeducativas" que pueden incluir desde la reparación del daño hasta la internación en establecimientos exclusivos por un plazo máximo de tres años.