Modificación de la Ley Penal Juvenil: cuál es la edad mínima de imputabilidad en otros países del mundo

El Congreso se prepara para debatir la modificación de la Ley Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca llevar a 13 años el umbral etario a partir del cual una persona puede ser juzgada y condenada por la comisión de un delito, un tema que históricamente generó divisiones tanto en el arco político como en la opinión pública.

Actualmente, Argentina mantiene un régimen penal de la minoridad establecido en 1980, que fija la punibilidad a partir de los 16 años para delitos graves, dejando a los menores de esa edad fuera del sistema penal tradicional, aunque sujetos a la intervención de jueces de menores.

La mayoría de los países occidentales distingue entre la mayoría de edad penal —generalmente a los 18 años, cuando se aplican las penas de adultos— y el inicio de la responsabilidad penal juvenil, que suele comenzar antes y conlleva un proceso diferenciado con sanciones socioeducativas.

Mientras algunos sistemas priorizan la baja de la edad para combatir la inseguridad, otros refuerzan los sistemas de responsabilidad adolescente con garantías específicas, tal como lo sugiere la Convención sobre los Derechos del Niño, priorizando medidas excepcionales y breves de privación de libertad.

El escenario en Sudamérica: Brasil, Uruguay y Chile

En el Cono Sur, la tendencia general mantiene la mayoría de edad penal a los 18 años, pero con sistemas de responsabilidad adolescente bien definidos. En Uruguay, el artículo 34 del Código Penal establece la inimputabilidad antes de los 18 años, aunque rige un sistema infraccional a partir de los 13 años. A pesar de un plebiscito en 2014 que intentó bajar la edad de imputabilidad plena a los 16 años, la reforma fue rechazada, manteniéndose un sistema diferenciado con sanciones distintas a las del mundo adulto.

Chile presenta un esquema similar: la edad de imputabilidad adulta es a los 18 años, pero la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley 20.084) abarca a los jóvenes de entre 14 y 17 años. Este marco garantiza defensa especializada y prohíbe el derivar a los condenados a cárceles de adultos; en su lugar, deben cumplir sanciones en centros especiales enfocados en la educación y la rehabilitación de adicciones.

En el caso de Brasil, la Constitución y el artículo 27 del Código Penal fijan la imputabilidad a los 18 años. Sin embargo, el Estatuto del Niño y del Adolescente permite que, a partir de los 12 años, los menores cumplan penas por actos infraccionales. Estas no son condenas carcelarias, sino "medidas socioeducativas" que pueden incluir desde la reparación del daño hasta la internación en establecimientos exclusivos por un plazo máximo de tres años.

Los límites legales en las principales potencias europeas

En Europa, los umbrales de responsabilidad penal varían significativamente según la tradición jurídica de cada país. Inglaterra se destaca por tener una de las edades más bajas del continente: la responsabilidad penal comienza a los 10 años.

En Francia, aunque la mayoría de edad penal es a los 18, se considera que un menor puede ser penalmente responsable a partir de los 13 años si el juez determina que tiene discernimiento, aplicándose medidas educativas o sanciones atenuadas.

Alemania e Italia comparten el límite de los 14 años como el inicio de la imputabilidad. En el sistema alemán, los menores de 14 son considerados totalmente inimputables y son derivados a los servicios de asistencia social de menores. Entre los 14 y los 18 años (y a veces hasta los 21), se aplica un derecho penal juvenil que pone el foco en la reeducación, y la prisión se utiliza solo como último recurso para los delitos más graves.

Finalmente, España también establece el límite en los 14 años a través de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores. Los menores de esta edad están exentos de responsabilidad penal y sus actos se gestionan mediante normas de protección civil. Para la franja de entre 14 y 18 años, existe un catálogo de medidas que van desde la libertad vigilada hasta el internamiento en régimen cerrado, siempre separadas del sistema penitenciario adulto.