La Justicia evalúa citar a indagatoria a Manuel Adorni antes de la feria judicial

El juez federal Ariel Lijo evalúa citar a declaración indagatoria al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, antes del inicio de la feria judicial de invierno en los tribunales de Comodoro Py. La medida judicial se enmarca en la causa penal que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito y supuestos beneficios indebidos.

El magistrado aguarda los resultados de las últimas medidas de prueba impulsadas junto al fiscal Gerardo Pollicita para definir la citación. Según informó Ámbito de fuentes de los tribunales federales, este paso procesal implica la existencia de elementos suficientes sobre la supuesta comisión de delitos.

Uno de los principales focos del expediente radica en el vínculo entre el jefe de ministros y el productor televisivo Marcelo Grandio, a quien Adorni calificó públicamente como un "amigo cercano". La mira está puesta sobre un viaje familiar que el funcionario realizó a Punta del Este en un avión privado durante el feriado de Carnaval.

A pesar de las desmentidas oficiales, el broker aeronáutico Agustín Issin Hansen complicó la situación del funcionario ante la Justicia. El testigo declaró que la empresa Imhouse, propiedad de Grandio, reservó y abonó los tramos del vuelo; específicamente, el empresario afirmó: "El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio".

El juzgado analiza los contratos de medios públicos y la evolución patrimonial del jefe de Gabinete

Además, el juzgado ordenó el cruce de llamadas y la geolocalización de los teléfonos de los involucrados. El objetivo de la pericia consiste en verificar la coincidencia temporal entre estas comunicaciones y la firma de contratos de la productora con la TV Pública para diversos programas estatales.

Por otra parte, la investigación penal se concentra en una propiedad de Adorni en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. Los investigadores detectaron sospechas en el origen de los fondos para la compra por u$s120.000 y las posteriores reformas por un valor de u$s245.000.

Finalmente, los tribunales analizan la presunta utilización de efectivos de Gendarmería para la custodia personal en dicho barrio privado. Si los peritajes confirman que los agentes cumplieron tareas ajenas a sus funciones oficiales, la Justicia imputará el delito de peculado por el uso indebido de recursos públicos.