A 216 años del 25 de Mayo: del grito de soberanía al desguace del Estado y la sumisión a Estados Unidos

En 1810, la crisis de la corona española obligó a los criollos a debatir quién debía ejercer el poder y controlar los recursos. Hoy, frente a un gobierno que profundiza el alineamiento automático con Washington y subasta áreas estratégicas, resurge la pregunta original de la Revolución: ¿quién manda verdaderamente en la Argentina?

A menudo, enseñar Historia es encontrarse con una pregunta que parece sencilla, pero que en realidad abre una discusión enorme como es ¿qué pasó verdaderamente el 25 de mayo de 1810?. Y lo cierto es que mucha agua pasó bajo el puente desde el primer gran intento de explicación histórica realizado por Bartolomé Mitre en la segunda versión de Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, publicada en 1876, donde sostuvo que el 25 de Mayo representaba el hito fundacional y el mito de origen de la nación argentina.

Su obra permitió construir, por primera vez, una narrativa integral de la Revolución. Pero también instaló una idea que durante décadas dominó buena parte de la interpretación histórica. Allí había nacido una conciencia nacional ya preexistente en la época colonial, como si la identidad argentina hubiese estado esperando, silenciosa, el momento de revelarse.

Sin embargo, acaso resulte más coherente explicar aquellos acontecimientos a partir de la crisis de la monarquía española que terminó desencadenando el proceso revolucionario, y no como la irrupción inevitable de un sentimiento nacional previamente consolidado. Para la identidad americana, 1810 fue un año bisagra. Todavía no existía un proyecto claro de nación y mucho menos aparecía en el horizonte el nombre “Argentina”. Lo que sí comenzaba a emerger la pregunta decisiva de quién debía ejercer el poder después del derrumbe de la autoridad española.

Las Leyes de Indias regulaban hasta los estornudos en la vida colonial, pero jamás habían contemplado qué debía hacerse ante la ausencia de un rey legítimo. Ni España ni los territorios de ultramar reconocían a José Bonaparte como soberano, aun cuando la llamada Farsa de Bayona intentó legitimar la ocupación napoleónica. El problema era enorme, porque hasta entonces la monarquía absoluta establecía que la soberanía residía exclusivamente en el rey, y Napoleón terminó haciendo estallar ese principio de un modo impensado.

La preocupación concreta y profundamente política era quién tenía derecho a mandar. Con la caída de la Junta Central de Sevilla desaparecía el último bastión institucional de resistencia española y, en el Río de la Plata, eso significaba algo demoledor: ya no había rey al cual representar.

Es allí donde aparece la denominada “retroversión de la soberanía”, una doctrina política y jurídica según la cual, ante la ausencia de un monarca legítimo, el poder regresaba al pueblo que es la fuente donde se origina. La idea, sostenida por hombres como Castelli, habilitaba la posibilidad de reasumir la soberanía y construir un nuevo gobierno.

La discusión de 1810 fue, en esencia, una disputa feroz acerca de quién debía mandar en estas tierras y para beneficio de quién debía organizarse el poder. Aquellos hombres, con todas sus contradicciones, privilegios y tensiones internas, comprendían que lo elemental para una nación era decidir sobre sus recursos, su comercio y el destino de su pueblo y que la dependencia de España la condenaba a convertirse en una factoría administrada desde afuera.

Y quizás por eso aquella discusión vuelve hoy con tanta fuerza, aunque bajo nuevas formas. Porque mientras los actos oficiales evocan los ideales de Mayo con solemnidad ceremonial, la Argentina atraviesa un proceso de alineamiento político, económico y estratégico con los Estados Unidos que muchos observan como una nueva forma de dependencia.

Y ante nuestra mirada absorta se instalan discursos que sostienen que los argentinos no somos capaces de administrar nuestros recursos ni de gestionar nuestro propio Estado. Se cuestionan desarrollos científicos y tecnológicos estratégicos mientras se promueve la venta de patrimonio nacional y activos por valores muy inferiores a los reales.

Uno de los episodios más polémicos fue protagonizado por Demian Reidel, expresidente de Nucleoeléctrica Argentina, quien afirmó públicamente que el principal problema de la Argentina era estar “poblada de argentinos”.

Durante una exposición, Reidel destacó nuestra abundancia de recursos naturales, el acceso a energía y agua, las condiciones climáticas favorables y la ausencia de conflictos bélicos o catástrofes naturales significativas. Sin embargo, concluyó que el principal obstáculo para el progreso era la propia población.

La paradoja resulta brutal. Mientras se afirma que los argentinos no somos aptos para administrar nuestros recursos, se profundizan políticas de desguace estatal y transferencia de áreas estratégicas que debilitan precisamente las capacidades nacionales construidas durante décadas en materia científica, tecnológica y energética.

Y allí es donde la palabra soberanía, tantas veces vaciada de sentido por la retórica política, recupera toda su dimensión real. Porque la soberanía no es una abstracción romántica ni una frase para los actos escolares. Es la capacidad concreta de decidir.

En los últimos meses, el alineamiento automático con Washington comenzó a transformarse en una política explícita. Ni siquiera se intenta sostener una idea de autonomía relativa y la subordinación geopolítica y económica empieza a presentarse como una virtud.

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El respaldo irrestricto a las políticas del Fondo Monetario Internacional, la apertura indiscriminada de áreas estratégicas al capital extranjero, la desarticulación de organismos vinculados a ciencia y tecnología y la creciente injerencia estadounidense en sectores sensibles como defensa, energía y seguridad interior alimentan el cuestionamiento de si la Argentina continúa actuando como una nación soberana o si comienza a asumir el rol de territorio administrado bajo tutela financiera y política.

La historia argentina no es ajena al mecanismo que conoció en el SXIX cuando las naciones extranjeras comprendieron que no era necesario ocupar militarmente un territorio para dominarlo sino que quizá bastaba con controlar sus exportaciones, condicionar sus finanzas y modelar a sus élites dirigentes. Las invasiones inglesas fracasaron con fusiles, pero el imperio británico terminaría imponiendo durante décadas un esquema económico que convirtió al país en proveedor de materias primas mientras muchas decisiones centrales se tomaban lejos de Buenos Aires.

Por eso el aniversario de Mayo adquiere hoy un tono particular ya que mientras se reivindica la gesta emancipadora, muchas de las herramientas que garantizan una independencia efectiva parecen desmontarse pieza por pieza. La discusión ya no pasa solamente por símbolos patrios o discursos escolares sino por quién controla el litio, quién diseña la política energética, quién define el rumbo industrial, quién fija las condiciones del endeudamiento y quién obtiene los beneficios reales del modelo económico vigente.

Los defensores de la actual orientación sostienen que el alineamiento con Estados Unidos representa una oportunidad de modernización e inserción internacional. Pero del otro lado comienza a cuestionarse si la interdependencia no es lo mismo que la subordinación. Ningún país desarrollado renuncia al control de sus áreas estratégicas ni entrega sin resistencia sus instrumentos de decisión económica. Los propios Estados Unidos protegen ferozmente sus intereses nacionales cuando se trata de energía, industria o tecnología.

De modo que, el 25 de Mayo deja de ser una fecha congelada en el tiempo para convertirse en una pregunta que nos interpela profundamente y es que entendemos hoy por soberanía

Porque si en 1810 un grupo heterogéneo de criollos se animó a desafiar el orden imperial más poderoso de su tiempo, doscientos dieciséis años después, la discusión vuelve a instalarse alrededor del mismo núcleo esencial intentando descubrir quien manda en la Argentina.