La semana que pasó volvió a dar muestras de un fenómeno que ya hemos señalado en este espacio editorial. La política marcha con un paso distinto al de la opinión pública. La excusa que hasta hace poco esgrimían algunos gobernadores para instar a sus legisladores a que acompañen las políticas de ajuste de Milei ya no parece ser verosímil. La caída de la imagen, tanto del Presidente como de su gobierno, podría alentar a algunos mandatarios a ser más rebeldes o intentar poner un freno al avance oficial.
Las razones por las que el palacio no sigue a la calle, cuando era el principal argumento de la oposición dialoguista hasta hace poco, pueden ser múltiples. Hay una parte que está relacionada con cierto acuerdo con el ajuste. "Algo había que hacer", reconocen, incluso desde el peronismo, como si no hubiera alternativas para lograr el equilibrio macroeconómico que no fueran desfinanciar universidades y hospitales, expoliar a los jubilados y abandonar a las personas discapacitadas a su suerte. Otra razón es el disciplinamiento que el lawfare y la persecución mediática imponen a la política. Las causas Vialidad y Cuadernos están para eso. No para castigar hechos de corrupción, sino para ordenar la política.
El prolífico editorialista y escritor español Manuel Alcántara sentenció alguna vez que "lo curioso no es cómo se escribe la memoria, sino cómo se borra", una definición precisa sobre el funcionamiento del poder y sus relatos. Los hechos incómodos rara vez desaparecen por falta de pruebas. Desaparecen porque el poder decide qué debe permanecer visible y qué debe ser arrojado al silencio.
En la Argentina actual, ese mecanismo funciona alrededor de dos operaciones simultáneas y complementarias: perseguir, disciplinar y desgastar a toda oposición política, sindical o social que cuestione al poder real; y, al mismo tiempo, avanzar en una entrega acelerada de recursos estratégicos, infraestructura y capacidad soberana a intereses extranjeros. Para que una cosa avance, la otra resulta indispensable: no se puede ejecutar un programa de subordinación económica y geopolítica sin antes domesticar o neutralizar a quienes podrían resistirlo.
Como decíamos, la llamada "Causa Cuadernos" es el emblema más visible de ese dispositivo que algunos llaman lawfare. Una maquinaria política, mediática y judicial feroz, construida para instalar culpabilidades anticipadas, condicionar a la oposición al gobierno de Mauricio Macri y luego moldear el clima político argentino durante más de una década. A través del machaque mediático y del ocultamiento de las enormes inconsistencias de la investigación, la condena social llegó mucho antes que cualquier sentencia. Por eso, cuando comenzaron a aparecer contradicciones, retractaciones y denuncias de aprietes judiciales, el sistema que había amplificado cada acusación, elige callar.
La declaración de Julio César Silva, encargado del edificio donde vivía el matrimonio Kirchner, expuso una parte de ese mecanismo de modo inédito, por tratarse de un testigo y no de un imputado. Años después de haber sido presentado como testigo clave, Silva admitió que firmó declaraciones que no había hecho y negó haber afirmado que veía bolsos y valijas entrando y saliendo del departamento de los expresidentes. Más grave todavía: relató que, durante el allanamiento al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, el entonces juez Claudio Bonadío presionaba a los efectivos para que encontraran "algo" que permitiera incriminarla.
En cualquier democracia mínimamente seria, una declaración de ese calibre hubiera provocado un terremoto institucional. En la Argentina apenas ocupó espacios marginales. Porque el objetivo nunca fue esclarecer hechos: fue construir una narrativa útil para destruir adversarios políticos. Cuando las piezas empiezan a caerse, los mismos medios y sectores judiciales que durante años instalaron esas causas como verdades reveladas administran el silencio con la misma eficacia con la que antes administraron el escándalo. Por eso tampoco tiene repercusión el informe presentado ante el Consejo de la Magistratura que revela que las condiciones de detención de la expresidenta son peores que las que tienen genocidas y narcotraficantes.
Pero hay otros elementos que se suman al mecanismo que describimos. La reciente intervención judicial contra la Unión Obrera Metalúrgica es otro ejemplo brutal de cómo parte del Poder Judicial opera disciplinando organizaciones que pueden transformarse en un obstáculo para el programa económico del gobierno de Javier Milei. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló las elecciones de la seccional Campana y también la conducción nacional encabezada por Abel Furlán, ordenando además la intervención del gremio por 180 días. El fallo fue firmado por Víctor Pesino, el mismo magistrado que intervino para restablecer aspectos centrales de la reforma laboral de Milei.
Desde el sindicalismo denunciaron abiertamente un esquema de fallos alineados con las necesidades del Ejecutivo a cambio de garantizar privilegios y permanencia dentro del sistema judicial. Ese mismo sindicalismo que mira impávido cómo su estrategia en tribunales naufraga, ve ahora cómo persiguen a uno de los gremios más combativos. Mientras esto sucede, la Confederación Obrera de Bolivia marcha en contra del ajuste y pide la renuncia del flamante presidente Rodrigo Paz Pereyra.
Lo verdaderamente grave no es solamente la intervención sobre uno de los sindicatos industriales más importantes del país. Lo grave es la naturalización. Un juez avanza sobre la conducción elegida de un gremio nacional y el sistema político-mediático lo procesa casi como un trámite administrativo. No hay escándalo institucional porque gran parte de la estructura de poder comparte el mismo objetivo, que es debilitar toda organización capaz de resistir reformas regresivas, ajuste o pérdida de soberanía económica.
Pero separar el lawfare y las defecciones políticas y gremiales de la entrega sería no ver la película completa. Por eso Macri se quejó entre risas de la acusación oficialista de que una eventual candidatura sería funcional al kirchnerismo. "Preguntale a Cristina si favorecimos al kirchnerismo", alardeó el expresidente, dando la razón a quienes sostienen que maneja —o al menos es socio de— la parte de Comodoro Py que decidió que era factible reducir al mínimo los estándares democráticos en pos de que no vuelva más al poder el movimiento nacional. Y mientras se persigue hacia adentro, se entrega hacia afuera.
El acuerdo firmado entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur de los Estados Unidos para la supuesta "protección de bienes comunes globales" en el Atlántico Sur es una síntesis perfecta del modelo. Ni siquiera fue el gobierno argentino quien informó oficialmente el convenio, sino que el anuncio quedó en manos de la embajada norteamericana y del propio Comando Sur. La escena es casi obscena. Un país extranjero comunica públicamente acuerdos estratégicos sobre territorio y recursos argentinos mientras el gobierno local guarda silencio.
Hablar del Mar Argentino como un "bien común global" implica una redefinición política de la soberanía. Estados Unidos no desembarca en el Atlántico Sur por altruismo ecológico ni para combatir la pesca ilegal. Lo hace porque allí están en juego recursos pesqueros gigantescos, hidrocarburos offshore, minerales submarinos, rutas bioceánicas, acceso logístico a la Antártida y capacidad de proyección militar sobre una región estratégica del hemisferio sur.
En ese tablero aparece la Cuenca Norte de Malvinas, donde empresas británicas y extranjeras explotan y exploran petróleo bajo licencias otorgadas unilateralmente por el Reino Unido. Allí avanza Sea Lion, el megaproyecto offshore más grande del Atlántico Sur, con reservas estimadas de hasta 900 millones de barriles y producción prevista desde 2028. Mientras tanto, el gobierno argentino mantiene una pasividad alarmante frente al avance empresarial extranjero sobre recursos vinculados a un territorio en disputa soberana.
La misma lógica se replica en la Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas. Directivos de la empresa que ganó una licitación completamente amañada terminaron reuniéndose con el embajador estadounidense Peter Lamelas para responder acusaciones vinculadas a China, mientras dirigentes republicanos norteamericanos presionan abiertamente sobre el proceso desde Washington. El mensaje es clarísimo: las grandes decisiones estratégicas argentinas ya no se discuten solamente en Buenos Aires. También se negocian, se condicionan y se monitorean desde el exterior. Lamelas lo había prometido en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano y lo está cumpliendo. Por eso llama por teléfono a gobernadores, presiona legisladores y monitorea privatizaciones.
La llamada "Ley Hojarasca", impulsada por Federico Sturzenegger, tiene la misma lógica oculta. Bajo un discurso técnico y desideologizado, el Gobierno avanza sobre marcos legales que protegían sectores estratégicos nacionales. Empresas como Arsat quedan más expuestas a procesos de extranjerización, mientras proyectos soberanos como el reactor nuclear CAREM apenas sobreviven entre recortes, parálisis y vaciamiento presupuestario.
Nada de esto se presenta públicamente como una entrega, porque el lenguaje del poder ya aprendió a disfrazar la subordinación de modernización, inversiones o cooperación internacional. Del mismo modo en que el lawfare se maquilló durante años como lucha republicana contra la corrupción, hoy la pérdida de soberanía se vende como apertura al mundo y eficiencia económica.
Otro capítulo posible para lo que describimos se conoció este viernes, ahora bajo el discurso de la innovación tecnológica. El gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, anunció el primer "gemelo digital social": un sistema de inteligencia artificial destinado a integrar datos de millones de argentinos para "anticipar" y diseñar políticas públicas.
Presentado como un avance histórico, el proyecto abre interrogantes mucho más inquietantes cuando se corre el marketing futurista. En un país donde el aparato judicial y mediático ya demostró capacidad para perseguir opositores y disciplinar organizaciones, la construcción de una plataforma estatal de procesamiento masivo de datos sensibles plantea riesgos evidentes de vigilancia, perfilamiento y control social.
Comienza a entenderse mejor qué vino a buscar Peter Thiel a la Argentina. Su empresa, Palantir Technologies, desarrolla sistemas de análisis masivo de datos utilizados por agencias militares y de inteligencia estadounidenses. Entre ellas, el ICE, el organismo migratorio de Estados Unidos, que empleó herramientas de Palantir para rastrear, perfilar y localizar migrantes en operativos de detención y deportación. Con este antecedente, el avance del gobierno argentino hacia una gigantesca centralización de datos sociales y la importación de modelos de control social, con monitoreo masivo sobre la población, no pueden dejar tranquilo a nadie.
Así como se entregan recursos naturales e infraestructura estratégica, ahora también empieza a ponerse en juego otra dimensión de la soberanía: los datos y la información de millones de argentinos.
