Juicio por YPF: el Gobierno pidió suspender el proceso de búsqueda de activos embargables

El Gobierno presentó un pedido formal ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York Loretta Preska, para que se suspenda el proceso de discovery y la moción de desacato promovida por los demandantes en el litigio vinculado a YPF. La solicitud fue elevada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que denunció un uso abusivo del mecanismo judicial.

En el escrito, el Estado argentino sostuvo que los requerimientos de información impulsados por los beneficiarios del fallo “se han vuelto intrusivos y desproporcionados” y que ese accionar constituye un “hostigamiento sistemático contra un Estado soberano”, con impacto directo sobre la soberanía nacional y las relaciones diplomáticas.

El discovery es la etapa del proceso que habilita a los demandantes a solicitar información para identificar eventuales activos embargables con el objetivo de ejecutar la sentencia. Desde la Procuración recordaron que, a diferencia de lo ocurrido durante gestiones anteriores, cuando la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades, desde diciembre de 2023 el país cumplió de manera plena con todas las obligaciones impuestas por el tribunal.

Según el planteo oficial, el Estado realizó un “esfuerzo extraordinario” para entregar la información requerida, con un volumen de documentación “sin precedentes”. Sin embargo, advirtieron que, pese a ese cumplimiento, los demandantes profundizaron sus reclamos y avanzaron con pedidos cada vez más alejados del objeto original de la causa.

En ese marco, la Procuración señaló que Burford Capital intensificó la presión judicial mediante una moción de desacato y solicitudes de información vinculadas a las reservas de oro del Banco Central. Al respecto, el Gobierno remarcó que esos activos pertenecen a la autoridad monetaria y están protegidos por la inmunidad de ejecución, por lo que no pueden ser objeto de embargos ni de requerimientos de ese tipo.

Para el Estado argentino, el proceso de discovery “se ha desnaturalizado” y se transformó en una herramienta destinada a obstaculizar el normal funcionamiento del país. En el escrito también se citó que los demandantes manifestaron de manera explícita su intención de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica.

Finalmente, el Gobierno ratificó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles, en cada instancia judicial, para defender la soberanía, el Estado de Derecho y frenar pedidos que considera ilegítimos y contrarios a la Constitución y al derecho internacional.