Financiamiento universitario: el Gobierno afirma que acatará el fallo, pero apelará ante la Corte Suprema

Después de varios meses de conflicto, esta mañana la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que obliga a poner en ejecución la Ley de Financiamiento Universitario. En este sentido, fuentes inobjetables del oficialismo confirmaron a este medio que acatarán el fallo, aunque el Ejecutivo apelará ante la Corte Suprema de Justicia la resolución del tribunal.

Según confiaron desde la mesa jurídica del PE, la intención del Gobierno será acatar el fallo, pero con discrecionalidad, dado que el monto para afrontar estos aumentos no está previsto en el Presupuesto 2026, sancionado con el apoyo de gobernadores aliados. En concreto, tal como ocurrió con la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, a la que el Estado nacional se vio obligado a acatar también por vía judicial, se aplicará la ley, pero parcialmente: solo garantizarán devengaciones mínimas para cumplir con la medida dispuesta con la Justicia para evitar estar en rebeldía, aunque aseguran que los montos no serán los previstos en la norma.

Respecto a la estrategia judicial, desde el oficialismo advirtieron que mantendrán el reclamo “hasta la última etapa”. En este marco, en los próximos días se presentará un Recurso Extraordinario Federal para pedir que la Corte Suprema de Justicia revise la sentencia definitiva que dispuso el tribunal. Con este movimiento, en tanto, el oficialismo se garantiza la dilatación de la discusión y, por consiguiente, de la entrega absoluta de recursos que prevé la ley sancionada meses atrás.

Marcha Federal Universitarios

El conflicto universitario está lejos de ser una novedad. Luego de la sanción de la ley presupuestaria, Javier Milei definió vetar la misma, instancia que fue bloqueada por el Congreso al conseguir los votos necesarios para insistir con la reglamentación. Con esta circunstancia, decidió unilateralmente suspender la aplicación de la ley 27.795 a través del Decreto 759/2025, bajo el argumento de que en la misma “se introducen modificaciones que impactan en el régimen jurídico de financiamiento de las universidades públicas, en materia de gastos de funcionamiento y de salarios para el personal docente y no docente de dichas universidades.”

En la misma normativa publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre pasado, el Ejecutivo advierte que los legisladores omitieron detallar el origen de los fondos para cumplir con este aumento y que la aplicación de esta ley implica un desequilibrio en las cuentas, motivos suficientes para el oficialismo para descartar su aplicación. Esta decisión llevó al Consejo Interuniversitario Nacional a presentar un recurso de amparo colectivo en el que se cuestiona la constitucionalidad de la medida adoptada por el Ejecutivo.

En esta primera instancia, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, dio lugar al reclamo y frenó el decreto. Como suele hacer en estos casos, el Gobierno apeló esa medida y la misma siguió su curso en la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que esta mañana también se pronunció contra la medida del Estado nacional.

El fallo, que lleva la firma de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, exige el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley sancionada por el Congreso meses atrás, que dispone la actualización de los salarios de trabajadores docentes y no docentes de las universidades públicas, así como también la recomposición de los programas de becas.

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Dispuestos a hacer cumplir la ley sancionada con mayoría en ambas cámaras, Fernández y Morán advirtieron en sus argumentos que el impacto fiscal de la ley es bajo. Sobre este punto, la Cámara advirtió que el costo estimado de la medida representa el 0,23% del PBI, lo que representa “un ahorro poco significativo”, y subrayó que “no se observaba una afectación al interés público”. Por el contrario, afirma que la decisión de no aplicarla pone en riesgo “el derecho a enseñar y aprender”.

Una vez conocido el fallo, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, se expresó a través de sus redes sociales. “No cumplir la orden judicial constituye un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. La situación de quienes enseñan y trabajan en las universidades públicas no da para más. La gran mayoría de ellos está por debajo de la canasta básica”, afirmó el radical.

Hasta el momento del cierre de esta nota, en tanto, ninguna figura del Gobierno se pronunció en público sobre la decisión de la justicia.