El país como botín: el Gobierno acelera la entrega de activos estratégicos en medio del desgaste político

"La historia argentina es la historia de una voluntad de saqueo", escribió David Viñas en una de las definiciones más feroces y persistentes sobre las relaciones entre poder económico y Estado en el país. La frase vuelve a resonar con fuerza frente a la nueva ola de privatizaciones y concesiones estratégicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, que atraviesa días decisivos en su acelerado programa de liquidación de activos públicos y transferencia de áreas clave del patrimonio estatal.

Pero la velocidad que adquirió el proceso durante las últimas semanas también parece responder a otra lógica: el creciente temor oficial a un desgaste político más rápido de lo previsto. En la Casa Rosada admiten en privado que la caída de la imagen presidencial, el deterioro económico, las tensiones internas y el escándalo Adorni comenzaron a alterar los tiempos políticos. Por eso, la necesidad de consolidar negocios estratégicos antes de que el poder libertario empiece a erosionarse de manera más profunda.

La preocupación aumentó además por una serie de movimientos internos que empezaron a exponer fisuras dentro del oficialismo ampliado. La reaparición más activa de Mauricio Macri en la discusión pública y en el armado opositor de derecha reabrió tensiones con el PRO, mientras dentro del Gobierno crecen las especulaciones sobre el margen de autonomía que intenta construir Patricia Bullrich frente al núcleo de poder que rodea a Santiago Caputo y a los hermanos Milei.

Mientras intenta avanzar con la venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la cesión de empresas energéticas y la re-licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la Casa Rosada enfrenta crecientes resistencias políticas, denuncias judiciales y una feroz disputa empresarial atravesada por intereses cruzados, lobby internacional y una carrera frenética por apropiarse de algunas de las cajas más rentables y sensibles del país.

Un golpe político importante le llegó esta semana desde el Senado, y de modo inesperado. Horas después de que el Ministerio de Economía oficializara los pliegos para desprenderse del 90% de las acciones estatales de AySA, la Cámara Alta aprobó una moción impulsada por Eduardo "Wado" de Pedro para priorizar el tratamiento de un proyecto que busca impedir la privatización de la compañía.

La votación terminó 35 a 33, una derrota preocupante para el oficialismo porque perdió apoyos de sectores provinciales y aliados circunstanciales. La iniciativa declara a AySA "de interés público y estratégico para el desarrollo humano", prohíbe la cesión de capital o gestión y establece como intransferibles las acciones actualmente en manos del Estado nacional.

Durante el debate, de Pedro recordó las consecuencias catastróficas de la privatización del servicio durante los años 90 y sostuvo que aquel proceso derivó en aumentos tarifarios, deterioro ambiental y abandono de inversiones básicas mientras grupos privados multiplicaban ganancias sobre un recurso esencial.

La referencia histórica no es menor. La privatización del servicio de agua durante la década menemista quedó asociada a uno de los casos más paradigmáticos de las privatizaciones argentinas: promesas incumplidas, denuncias de corrupción, incumplimientos contractuales, suba de tarifas, deterioro operativo y fuertes cuestionamientos ambientales. Aquella experiencia terminó convertida en un ejemplo emblemático del fracaso del modelo de concesiones de servicios públicos, razón por la cual la nueva avanzada privatizadora sobre AySA despierta resistencias incluso en sectores que no necesariamente rechazan otras ventas de activos estatales.

La señal política encendió alarmas dentro del Gobierno porque AySA constituye una de las piezas más codiciadas del esquema de privatizaciones impulsado por el ministro Luis Caputo. La concesión prevé transferir durante 30 años —con opción de prórroga por otra década— el servicio de agua potable y cloacas de la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. Un negocio gigantesco, de rentabilidad casi asegurada, flujo permanente de ingresos y escaso riesgo empresario, sobre el que ya orbitan grupos económicos con aceitados vínculos políticos y acceso privilegiado a los despachos oficiales.

Entre los interesados aparecen Edison Energía —integrada por los hermanos Juan y Patricio Neuss junto a accionistas de Newsan y Havanna—, el empresario Mauricio Filiberti, el Grupo Roggio y las brasileñas Sabesp y Rio+Saneamento.

Dentro del sector energético señalan que el conglomerado ligado a los Neuss aparece entre los mejor posicionados gracias a su estrecha relación con Santiago Caputo. Juan y Patricio Neuss forman parte desde hace años del círculo de vínculos personales y empresariales del principal asesor presidencial y son habituales interlocutores del núcleo político que rodea al estratega libertario.

Los Neuss ya recibieron Transener, la principal transportista eléctrica del país. La privatización quedó bajo sospecha por el precio al que fue adjudicada y por las fallas registradas durante el proceso. El control de la principal transportista eléctrica del país —clave para el funcionamiento del sistema energético nacional y dueña de una red de más de 20 mil kilómetros de alta tensión— terminó transferido por apenas 356 millones de dólares, una cifra llamativamente baja para una compañía estratégica y con posición dominante.

A eso se sumó que la página oficial de la licitación estuvo caída durante momentos importantes del proceso, lo que alimentó todavía más las críticas sobre la transparencia y las condiciones en las que el Gobierno está ejecutando la venta de activos centrales del Estado. En el mercado energético ya saben que el grupo de los Neuss busca construir un verdadero imperio de servicios públicos privatizados y quedarse con una porción decisiva del mapa energético y logístico argentino. Además de AySA y Transener, siguen de cerca la futura licitación de Metrogas y también están entre los interesados por Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa y asistencia aeroportuaria.

Precisamente sobre Intercargo acaba de explotar otra denuncia que alimenta las sospechas sobre el proceso de remate de empresas públicas. La Asociación del Personal Aeronáutico (APA), encabezada por Edgardo Llano, denunció penalmente a Milei, a Luis Caputo y al extitular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en la valuación de la compañía.

La presentación judicial sostiene que el Gobierno habría "pisado" deliberadamente el precio de Intercargo para favorecer a potenciales compradores privados. El eje de la denuncia es la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, que fijó un valor base cercano a los 45 millones de dólares para una empresa que, según el sindicato, posee superávit operativo y activos estratégicos cuyo valor real sería muy superior.

Pero el escenario más controvertido se desarrolla por estas horas alrededor de la Hidrovía Paraná-Paraguay, donde el Gobierno busca cerrar la nueva concesión de la principal vía de exportación argentina. Allí se libra una guerra abierta entre las dragadoras belgas DEME y Jan De Nul, atravesada por acusaciones de direccionamiento, denuncias judiciales y sospechas sobre participación indirecta de capitales chinos y norteamericanos. Los Neuss son los socios ocultos de la segunda de Jan de Nul.

La tensión escaló todavía más el viernes, luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un dictamen en la causa que investiga posibles irregularidades en la licitación de la Hidrovía. El informe, firmado por el fiscal Sergio Rodríguez y presentado ante la fiscalía federal de Guillermo Marijuan, retomó cuestionamientos ya formulados en procesos anteriores y agregó nuevas observaciones sobre el esquema licitatorio impulsado por el Gobierno.

No se trató de observaciones marginales ni de simples objeciones técnicas. El dictamen sostuvo que la administración libertaria volvió a incurrir en varias de las irregularidades que ya habían sido señaladas por la propia PIA en febrero de 2025, cuando el proceso licitatorio anterior terminó envuelto en denuncias, cuestionamientos cruzados y finalmente debió ser suspendido en medio del escándalo.

La procuraduría también dejó asentado que existe una denuncia penal destinada a determinar la autenticidad y utilización de un presunto informe de un organismo de Naciones Unidas que habría sido incorporado por el Gobierno para exhibir una apariencia de transparencia internacional en el proceso. La PIA advirtió la existencia de "serias y evidentes irregularidades" en la confección de los pliegos y alertó que el procedimiento podría derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales.

El dictamen apareció apenas horas después de que el Gobierno difundiera un comunicado celebrando el avance del proceso. Allí sostuvo que, "con apoyo multisectorial y sin impugnaciones", la privatización de la Hidrovía avanza hacia su etapa final. La Casa Rosada confía en que este martes se pueda abrir el segundo sobre de la licitación, correspondiente a las ofertas económicas. Habrá que ver si la Justicia no lo impide.

La disputa entre DEME y Jan De Nul se convirtió en el centro de una pelea que excede largamente el dragado. DEME denunció reiteradamente que distintos pliegos y condiciones técnicas favorecían a la histórica operadora de la Hidrovía y cuestionó presuntas maniobras para limitar la competencia. Detrás de la discusión técnica asoma una pelea mucho más cruda por el control de uno de los corredores logísticos más importantes del mundo y por donde circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas.

En paralelo, compañías estadounidenses que acompañan a DEME denunciaron que detrás de la propuesta vinculada a Jan De Nul existirían conexiones indirectas con intereses chinos a través de la empresa argentina Servimagnus.

Las acusaciones apuntaron particularmente a antiguos vínculos con Shanghai Dredging Company, subsidiaria del conglomerado estatal China Communications Construction Company (CCCC), cuya participación el Gobierno argentino intentó evitar formalmente dentro de la licitación como gesto a la gestión Trump. Una cláusula prohíbe expresamente que puedan competir empresas en las que el Estado tenga acciones. Llama la atención cómo la administración trumpista exige alineamientos que no puede sostener mientras firma su rendición a la guerra comercial en Beijing.

La ofensiva empresarial derivó además en presiones diplomáticas. Las empresas estadounidenses involucradas en el proceso trasladaron sus quejas a legisladores y funcionarios norteamericanos. Desde Washington observan la Hidrovía como un enclave sensible dentro de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China en América Latina, lo que terminó internacionalizando aún más el conflicto y elevando el valor político de la concesión.

Jan De Nul y Servimagnus rechazan las acusaciones y afirman que actualmente no mantienen relaciones societarias con compañías controladas por Beijing, aunque admitieron antecedentes de trabajos conjuntos hasta 2020.

En medio de esa disputa, el viaje reciente de Santiago Caputo a Washington terminó de exponer la dimensión geopolítica que rodea la pelea por las grandes concesiones argentinas. Según trascendió de las reuniones mantenidas en la Casa Blanca, el Capitolio y el Departamento de Estado, funcionarios norteamericanos transmitieron preocupación por la situación política del Gobierno y su desgaste, pero también volvieron a presionar por el avance de intereses chinos en Argentina y la región, especialmente en inversiones ligadas al litio y minerales críticos, proyectos vinculados al uranio, infraestructura tecnológica y de comunicaciones, puertos de aguas profundas y la base espacial china instalada en Neuquén.

Sin embargo, detrás de esos planteos diplomáticos más generales, en el mundo empresario y político muchos interpretan que la verdadera inquietud de Washington pasa por otro lado: el riesgo de quedar desplazado de negocios estratégicos como la Hidrovía Paraná-Paraguay.

El Gobierno está decidido a acelerar al máximo la transferencia de empresas, servicios y activos estratégicos hacia grandes grupos privados antes de que el desgaste político complique definitivamente el proceso. AySA, la Hidrovía, Intercargo, Transener o Metrogas forman parte de una misma lógica de saqueo ejecutada a velocidad de emergencia. La incógnita ya no pasa por la voluntad oficial de avanzar, sino por si la política, la Justicia y las propias disputas de poder que atraviesan las licitaciones lograrán imponer algún límite antes de que el nuevo mapa de negocios quede definitivamente consolidado.