Escándalo por coimas: el jefe de seguridad de Nordelta negó haber avisado el allanamiento a los Kovalivker

De Vicentis declaró este lunes ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en un legajo paralelo en el que se investiga una posible obstrucción a la justicia y encubrimiento. La semana pasada, cuando el juez Casanello ordenó los allanamientos, Emmanuel Kovalivker casi logra huir con 266 mil dólares en un auto, mientras que Jonathan Kovalivker no fue hallado.

Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel que era buscado desde el jueves, finalmente se presentó ante la Justicia este lunes y entregó su celular. Lo hizo en compañía de su abogado, Martín Magram. El juez federal Sebastián Casanello dispuso además el bloqueo de las cajas de seguridad vinculadas a los exfuncionarios Spagnuolo y Daniel Garbellini, así como a la familia Kovalivker.

Lo que se sabe de la causa de corrupción en ANDIS

La causa de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se centra en denuncias de presuntas maniobras ilegales para la recaudación de fondos en la compra y venta de medicamentos y servicios asociados al organismo. La investigación comenzó tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la entidad, en los que se mencionan supuestos pedidos de coimas y la participación de funcionarios y allegados al Gobierno, incluida Karina Milei.

En los registros de Spagnuolo se escucha cómo se coordinaban supuestos pagos y ajustes en los porcentajes que debían aportar proveedores de medicamentos, prácticas que podrían haber beneficiado a ciertos empresarios vinculados a la administración pública. Los audios sirvieron como punto de partida para que la Justicia ordenara allanamientos, secuestro de documentación, celulares y dinero en efectivo, con el objetivo de recabar pruebas sobre las operaciones denunciadas.

La investigación abarca tanto a los responsables del ANDIS como a empresarios involucrados, con citaciones a indagatoria previstas para varios de los sospechosos. La Justicia aún analiza los elementos secuestrados para determinar la existencia de delitos concretos, la participación de los acusados y la eventual formulación de cargos, mientras intenta reconstruir el entramado de posibles irregularidades que afectaron a la administración de recursos públicos destinados a personas con discapacidad.