Escándalo de las coimas: Jonathan Kovalivker se presentó en la Justicia y entregó su celular

Se trata de uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina. Era buscado desde el jueves, tras escaparse de Nordelta.

En medio del escándalo por la difusión de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia de Discapacidad, se presentó en la Justicia Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, y entregó su celular. Lo hizo en compañía de su abogado, Martín Magram, después de que la Justicia lo buscara sin éxito desde el jueves pasado.

El juez federal Sebastián Casanello dispuso además el bloqueo de las cajas de seguridad vinculadas a los exfuncionarios Spagnuolo y Daniel Garbellini, así como a la familia Kovalivker: Jonathan, su hermano Emmanuel y su padre Eduardo.

El pedido, que se formalizó a través del Banco Central, apuntó a evitar cualquier maniobra de vaciamiento que pueda entorpecer la investigación. La medida fue solicitada por el fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la causa.

El expediente, iniciado hace apenas cinco días, ya desplegó un fuerte operativo de recolección de pruebas: allanamientos en los domicilios de los principales imputados, secuestro de teléfonos y computadoras de la Agencia de Discapacidad, y la incautación de dinero en efectivo. El viernes pasado, Emmanuel Kovalivker fue detenido en Nordelta cuando intentaba salir en su auto con 266.000 dólares y 7 millones de pesos.

Su hermano Jonathan, en cambio, logró evadir a la Policía y, según sospechan los investigadores, habría vaciado la caja fuerte de su habitación antes de fugarse.

La fuga encendió las alarmas sobre las responsabilidades en el country. En ese marco, fue indagado el jefe de seguridad de Nordelta para determinar cómo se permitió la salida de Kovalivker pese al operativo en curso. La sospecha es que pudo haber existido connivencia interna o negligencia en los controles, un dato que alimenta la tensión alrededor de un caso que combina denuncias de corrupción, manejos turbios en la obra social más vulnerable del Estado y ahora, también, un capítulo de presunto encubrimiento.