La Justicia rechazó levantar la cautelar sobre la privatización de AySA

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó este viernes levantar la medida cautelar que impide la privatización de AySA. La empresa, había presentado un recurso extraordinario para dejar sin efecto la medida impulsada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.

Los jueces fundamentan su decisión en que las resoluciones sobre medidas cautelares no poseen un carácter definitivo, requisito indispensable para habilitar dichas instancias superiores. Asimismo, la resolución menciona que la causa fue trasladada a la Justicia Federal tras declararse la incompetencia del fuero provincial.

El fallo detalla que AySA "denuncia gravedad institucional" por la cautelar "y brinda fundamentos en torno a la falta de verosimilitud en el derecho, la ausencia de peligro en la demora y la afectación al interés público". Y también sostiene que "ninguno de los recaudos cautelares puede tenerse por acreditado, cualquiera sea el grado de verosimilitud o urgencia que se invoque".

"Al respecto, cabe señalar que es doctrina reiterada del Superior Tribunal de la Provincia que, en principio, las decisiones relativas a medidas cautelares no resultan definitivas en el concepto del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial", agrega.

"Por ello, esta Sala II RESUELVE: Denegar la concesión de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad interpuestos (conf. arts. 161.3 ap. a y b, Const. prov.; 60, CCA; 278, 281, 296 y concs. CPCC; art. 2 in fine, ley 26.854)", manifiesta el documento en su parte resolutiva.

Respecto a la inadmisibilidad de los recursos, detalla: "Sin perjuicio de lo expuesto, los mismos no resultan admisibles, toda vez que la decisión en crisis no conforma uno de los supuestos susceptibles de ser impugnados por dichos carriles extraordinarios."

El Defensor del Pueblo bonaerense había impugnado el nuevo contrato de concesión

La demanda contra AySA fue presentada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien cuestionó el nuevo contrato de concesión y sostuvo que sus disposiciones reducían los estándares ambientales, sanitarios y de protección de los usuarios. El planteo alcanza a la prestación de agua potable y desagües cloacales en los 26 municipios del conurbano y la región metropolitana donde opera AySA.

"La Justicia suspendió la licitación de AySA por la indeterminación del pasivo ambiental y la Justicia Federal deberá resolver la cuestión de fondo", destacó el funcionario en X.

El convenio cuestionado, firmado en mayo de 2026, forma parte del proceso de privatización establecido por la Ley Bases, que declaró a AySA "sujeta a privatización". Después, el Decreto 494 habilitó el procedimiento para transferir al sector privado el 90% del capital social de la compañía, actualmente bajo control mayoritario del Estado nacional.

A partir de la presentación, la jueza de primera instancia había dictado una cautelar que ordenaba a AySA abstenerse de todo acto que modifique, reduzca, limite, altere, suspenda o disminuya sus obligaciones relacionadas con el agua potable, la salud pública, el ambiente sano y la prestación adecuada del servicio, y había dispuesto el traslado del expediente a los juzgados federales de La Plata.

AySA apeló la cautelar tras el rechazo de un pedido de reposición, mientras que Lorenzino cuestionó el traslado de la causa al fuero federal y pidió que permaneciera en la Justicia provincial. La Sala II rechazó el planteo de AySA y confirmó la cautelar en toda su extensión.