El revés de Burford y el triunfo de YPF: la historia detrás del fallo que Milei festejó pero que siempre cuestionó

Quizá, para entender lo que sucede en estas horas con la decisión de la Corte de Nueva York respecto de YPF, sea necesario rebobinar el tiempo hasta 1992. Porque lo que hoy aparece como un fallo favorable para la Argentina es, en realidad, el último capítulo de una historia que lleva más de tres décadas y más de diez años de litigio internacional.

Todo empezó en aquel año, cuando el menemismo avanzó con la privatización de YPF bajo la promesa de eficiencia y modernización. La empresa pasó a ser una sociedad anónima donde el 51% quedaba en manos del Estado, el 39% en las provincias y el 10% en los trabajadores.

Pero esa estructura fue apenas una transición, porque en 1999, por decreto presidencial, la española Repsol terminó quedándose con el 97,81% de las acciones. La narrativa que justificó la decisión inicial del menemismo se apoyaba en que YPF era ineficiente, daba pérdidas y le costaba al Estado unos u$s10.000 millones anuales. Por el contrario, los capitales privados traerían inversión, eficiencia y alivio fiscal, mientras que el Estado, con la venta, podría cubrir deudas previsionales. El resultado abriría otra etapa de dependencia y las cajas de jubilados quedarían, como dice el tango, mirando con la ñata contra el vidrio.

YPF refinería

Para 2007, y durante el gobierno de Néstor Kirchner, el grupo Petersen de la familia Eskenazi aparece como un actor clave, adquiriendo el 25% de la empresa, una operación que obligaba a radicarse en España y que fue financiada con préstamos de bancos internacionales como Credit Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs e Itaú, además de un crédito de la propia Repsol. El esquema era riesgoso, ya que las deudas se pagarían con los dividendos de la empresa. Por lo que el modelo tenía un condicionamiento implícito, y era que resultaba vital que YPF siguiera distribuyendo ganancias. Es allí donde aparece el punto de quiebre.

En mayo de 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió la reestatización de YPF. La medida se apoyó en un argumento estratégico y verificable, como es recuperar el control de los recursos hidrocarburíferos. Se denunciaba que durante la gestión de Repsol se habían girado al exterior cerca de u$s14.000 millones en dividendos, priorizando inversiones fuera del país en detrimento de la reinversión local y que por ello el resultado fue una caída en las reservas de petróleo y gas y el paso de la Argentina de exportador energético a importador.

La decisión se formalizó con la Ley 26.741, que la declaró de utilidad pública y habilitó su expropiación tomando en línea con la Constitución Nacional. La indemnización a Repsol se cerró en 2014 por unos u$s5.000 millones. Pero no todos quedaron conformes.

El grupo Petersen, golpeado por la suspensión de dividendos, no pudo afrontar sus deudas y terminó en quiebra. Allí entró en escena el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio y emprendió una demanda en Nueva York en 2015 sostenida sobre el argumento de que se había violado el estatuto de YPF, el que obligaba a hacer una oferta pública a todos los accionistas si alguien superaba la compra del 15% del control.

Loretta Preska

En este punto, recordemos la fuerte disputa política interna. Durante años, sectores de la oposición cuestionaron la expropiación impulsada por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof. Mauricio Macri no solo sostuvo que la decisión era inconstitucional, sino que costaría miles de millones a los argentinos, señalando que el carácter público o privado de YPF no resolvería el problema energético. Con el tiempo, esas posiciones quedaron negadas por la realidad y la evolución del sector, demostrando la poca visión de futuro del dirigente.

Durante 2023, Javier Milei, antes de asumir la presidencia, amenazaba con la posibilidad de privatizar YPF e incluso, ya como Presidente, propuso la creación de una “Tasa Kicillof” para afrontar la eventual condena, dando por válida la pretensión económica del fondo Burford. Esas declaraciones, lejos de pasar desapercibidas, complicaron indirectamente la estrategia de defensa del Estado argentino.

Mientras tanto, quienes defendían la expropiación sostenían un punto central basado en que ninguna cláusula de un estatuto societario puede estar por encima de la Constitución Nacional o las leyes argentinas. La expropiación, argumentaban, fue realizada por razones de utilidad pública, con respaldo legal y parlamentario, y en función de una decisión soberana.

Una estrategia respaldada por los resultados de la empresa desde 2012, que se convirtió en el eje central del desarrollo de Vaca Muerta y fue el sostén de la recuperación del superávit energético. El caso siguió escalando y en 2023 se convirtió en fuerte amenaza cuando la jueza Loretta Preska responsabilizó al Estado argentino por la deuda, abriendo un proceso de “discovery” destinado a identificar activos embargables para pagar la deuda.

En 2025 llegó el punto más crítico cuando ordena entregar el 51% de las acciones de YPF como pago de indemnización que ya rondaba los u$s18.000 millones, que fueron apelados por el Gobierno Nacional. Cuando todo parecía perdido, la historia, otra vez, dio un giro. En marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió los procesos y, finalmente, el 27 de marzo revocó la condena y sostuvo que el reclamo no es admisible como incumplimiento contractual bajo la ley argentina.

Antes de poner punto final, conviene detenerse en el discurso presidencial del viernes posterior al fallo. Milei presentó el resultado como un triunfo propio, cuando lo cierto es que, a lo largo de más de una década de litigio, todos los gobiernos sostuvieron la posición argentina sin retroceder en lo esencial. Incluso en el plano internacional, Estados Unidos mantuvo una línea de respaldo en administraciones demócratas y republicanas, lo que se expresó formalmente en el amicus curiae del 13 de marzo, acompañado también por Francia y Brasil.

milei cadena nacional YPF

Al mismo tiempo, el festejo junto a su hermana Karina dejó una imagen “extraña” si se considera que el trabajo jurídico tuvo nombres propios como el de Sebastián Amerio -actual Procurador del Tesoro- pieza clave en la estrategia de apelación que permitió revertir la sentencia, y quien es uno de los hombres más cercanos a Santiago Caputo, con quien la hermana del presidente hoy se encuentra en disputa por el poder.

Las declaraciones presidenciales resultaron contradictorias, ya que hablar de la comisión de un “delito” en 2012 no solo desconoce el carácter constitucional de la expropiación y la decisión parlamentaria, sino que introduce ruido en una causa aún abierta. Del mismo modo, anunciar el envío de un proyecto para limitar futuras expropiaciones plantea una tensión innecesaria con un fallo que, precisamente, se sostuvo sobre la legitimidad de esa herramienta soberana.

En las últimas horas trascendió que el fondo Burford Capital evalúa no apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, por lo que virtualmente Argentina resultaría triunfante.

Nadie puede discutir hoy que YPF es uno de los principales activos estratégicos de la Argentina. Por eso, el fallo es mucho más que un alivio económico, sino que viene a confirmar que la discusión sobre YPF remite, en esencia, a una decisión soberana sobre los recursos del país, su control y su explotación. Un debate que, a la luz del actual gobierno, parece tensionarse de manera permanente.

En la discusión sobre YPF no está en juego únicamente la posesión de una empresa, sino el modelo de país al que aspiramos, el país que creemos posible.

YPF y sus resultados desde 2012 se yerguen como una evidencia concreta de que aquel postulado, -repetido con liviandad y hasta el cansancio por ciertos sectores políticos de nuestro país- de que “los argentinos no hacemos nada bien” no resiste el menor análisis. Los hechos, una vez más, lo contradicen.