El Gobierno promulgó la reforma de la Ley de Glaciares a dos semanas de su sanción en Diputados

La nueva ley indica que “con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas a fin de que puedan ser destinados para el consumo humano, para la agricultura, para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico” se establecen presupuestos mínimos para la protección de los glaciares.

En la parte de “actividades prohibidas” indican que “en los glaciares y en el ambiente periglacial identificados por la autoridad competente de la jurisdicción respectiva queda prohibida la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para investigación científica y las prevenciones de riesgos y la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales”.

Solo estarán estrictamente resguardados los glaciares y geoformas periglaciares que cumplan una función hídrica comprobada. Las provincias tendrán un rol determinante porque quedarán facultados para evaluar y definir qué zonas deben ser protegidas y cuáles pueden destinarse a actividades económicas.

Se mantiene el registro nacional a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, aunque su rol queda acotado.

Uno de los puntos vitales es que todas las actividades deberán contar con evaluación del impacto ambiental previa con evaluaciones estratégicas.