Malvinas: el oficialismo consiguió dictamen tras hacer cambios a pedido de aliados y Estados Unidos

El oficialismo consiguió este martes dictamen para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Poder Ejecutivo y anunciado por Javier Milei en cadena nacional. Después de varias semanas de negociaciones y postergaciones por falta de acuerdos, La Libertad Avanza aceptó cambios sustanciales al texto original para sumar el respaldo de sus aliados.

El Gobierno pretende llevar la iniciativa al recinto el jueves 12 de noviembre, en una semana atravesada por la visita del Papa y los feriados del lunes y martes. Sin embargo, también contempla el sábado 14 como alternativa, por si no consigue reunir el número necesario el jueves.

El despacho de mayoría reunió 60 firmas, con el acompañamiento del PRO, la UCR, Argentina Federal y parte de Provincias Unidas. En total, se presentaron cinco dictámenes: además del oficialista, Unión por la Patria y la izquierda presentaron sus propios textos, mientras que Provincias Unidas se dividió en tres propuestas diferentes.

Las firmas de algunos integrantes de ese último espacio despertaron críticas de la oposición. "Otra vez Provincias Unidas sirviéndole todo en bandeja al Gobierno", cuestionó un diputado ante C5N, en referencia al respaldo de Gisela Scaglia, Sergio Capozzi, Jorge Núñez y José Farías, este último en disidencia.

Estados Unidos, en el centro de las críticas

La defensa de la soberanía sumó una paradoja a medida que avanzaban las negociaciones: Estados Unidos siguió de cerca una ley que busca sancionar la explotación ilegal de recursos argentinos en Malvinas. El subsecretario de Estado Christopher Landau reconoció públicamente el interés de Washington por la iniciativa, mientras que desde ese país reclamaban al Gobierno delimitar con mayor precisión las sanciones penales. El oficialismo terminó aceptando cambios que acotaron el alcance de las prohibiciones sobre proveedores y accionistas de las empresas involucradas.

Para la oposición, sin embargo, no se trató solamente de una preocupación diplomática. Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, denunció que las modificaciones respondieron a un pedido explícito de Estados Unidos. "Es un proyecto que intenta llamarse de soberanía y se redactó en Estados Unidos", cuestionó, y vinculó la iniciativa con la estrategia regional de Donald Trump en el marco del denominado Escudo de las Américas.

El diputado de Unión por la Patria Juan Marino también apuntó contra la influencia de Washington y calificó la situación como un escándalo. Cuestionó que funcionarios estadounidenses conocieran más sobre la discusión parlamentaria que los propios representantes elegidos por el voto popular y advirtió: "Tenemos un Congreso trabajando bajo la tutela de Estados Unidos". Además, reclamó poner fin al "cipayismo".

La discusión dejó una pregunta sin respuesta. Durante el plenario, Juan Grabois le preguntó al presidente de la comisión si los cambios al proyecto habían sido pedidos por Estados Unidos. El titular del cuerpo no respondió y el oficialismo evitó pronunciarse sobre el señalamiento que atravesó toda la reunión.

Los cambios: sanciones más laxas, cambios en el delito de desinformación y en el Consejo de Seguridad

La negociación modificó el alcance de las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en el Atlántico Sur. El oficialismo limitó la responsabilidad a las operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directos de los proyectos. Quedaron eximidos los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión indirectos.

Otro de los puntos cuestionados fue el delito de "desinformación masiva", que pasó a definirse como una "campaña de injerencia extranjera". La nueva redacción exige maniobras clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas y excluye expresamente la actividad periodística y la investigación académica. Sin embargo, el artículo sigue en discusión y, si no se introducen nuevos cambios, podría no reunir los votos necesarios para ser aprobado en el recinto.

Los cambios también alcanzaron al Consejo de Seguridad Nacional, que presidirá Javier Milei y tendrá atribuciones para coordinar decisiones estratégicas en materia de defensa y seguridad. A pedido de aliados, se incorporó al Ministerio de Seguridad como miembro permanente y se habilitó la participación del presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado y gobernadores, según el tema en discusión.

Para sumar controles sobre el organismo, el oficialismo aceptó crear una comisión bicameral de seguimiento. El Ejecutivo deberá informarle dentro de las 48 horas sobre las medidas de seguridad adoptadas por el Consejo, entre otras decisiones excepcionales.

Por último, el proyecto habilita la revisión de inversiones extranjeras en sectores estratégicos, como energía, minería, telecomunicaciones, defensa e infraestructura crítica. El Presidente podrá rechazarlas o exigir su desinversión mediante un decreto fundado. A la vez, el texto establece que las facultades sobre infraestructura crítica no podrán utilizarse para monitorear, restringir o bloquear contenidos de internet.