El Gobierno planea restringir la importación de ropa usada debido a los riesgos sanitarios

Según pudo saber Ámbito, el organismo incorporará un requisito adicional para las destinaciones aduaneras vinculadas a ropa usada. Se tratará de un nuevo formulario denominado AUTO-ROPA-USADA, que deberá presentarse al momento de registrar la importación. De esta manera, se establecerán mayores herramientas de control para evaluar los posibles impactos ambientales y sanitarios asociados a este tipo de productos.

Desde el Gobierno explican que no se trata de una prohibición directa porque no quieren contradecir sus políticas: la nueva exigencia alcanzará a las posiciones arancelarias 6309.00.10 y 6309.00.90, correspondientes a prendas usadas y mercadería similar.

“Es una forma de frenar la escalada sin contradecir el discurso de apertura comercial”, explicó una fuente con amplio conocimiento del sistema aduanero. En la práctica, aseguran, el efecto será una caída significativa del volumen importado, ya que los nuevos requisitos complejizan los trámites, especialmente cuando se trata de productos que podrían implicar riesgos sanitarios.

La decisión se aceleró tras la publicación, a fines de noviembre, de los datos que evidenciaron el crecimiento explosivo de estas importaciones. Luego de ese informe, cámaras empresariales del sector textil y de indumentaria presentaron reclamos ante la Secretaría de Coordinación de Producción, a cargo de Pablo Lavigne, para que se revisara la situación.

El refuerzo de los controles fue impulsado formalmente por la Subsecretaría de Comercio Exterior, aunque previamente el Ministerio de Salud había emitido una advertencia. En un informe oficial se señala que la importación de ropa usada puede implicar riesgos para la salud pública, con impactos más severos en bebés, niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

Es por ello que el nuevo formulario se sumará al certificado de desinfección que ya se exige actualmente. La mayor parte de la ropa usada que ingresa al país proviene de Estados Unidos, donde su incineración está restringida por regulaciones ambientales y altos costos de disposición final.