Diputados: el peronismo propuso llegar a "un consenso" por la Ley de Defensa de la Soberanía, pero LLA se negó

El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores se reunieron este martes y continuarán este miércoles a las 11. Expusieron especialistas de distintos sectores en una sesión informativa.

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  • La Cámara de Diputados volvió a discutir este martes el proyecto de Defensa de la Soberanía, en un plenario que comenzó a las 15:30 y reúne a las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El encuentro estuvo encabezado por Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.

    La convocatoria se produjo después de que la reunión anterior terminara abruptamente a raíz del fuerte cruce entre el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois y legisladores libertarios. En esta oportunidad, el objetivo era avanzar con una nueva jornada informativa y escuchar a especialistas propuestos por las distintas bancadas.

    Carlos Raúl Zapata preside el plenario que trata el proyecto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados.

    Entre los expositores estuvieron el exministro Daniel Filmus; el exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona; el intendente de Punta Indio, David Angueira; y representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), del Observatorio Malvinas y del CELS. También participarán especialistas y académicos de la UBA y de otras instituciones.

    "Si pusiéramos el foco en los primeros 40 artículos, podría haber diferencias, pero sería mucho más factible de alcanzar algún nivel de acuerdo. Va a depender de ustedes", propuso el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, a sus pares libertarios tras la disertación de los especialistas.

    Martínez insistió: "Si damos un debate en serio, político, estamos dispuestos a poder transitar ese camino. Podemos tranquilamente decir 'che, pongamos todo el esfuerzo y la energía en buscar una ley de consenso sobre el aspecto central que puede tener que ver con el régimen de sanciones a todo tipo de explotación en Malvinas y el Atlántico Sur".

    Plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.

    "El gobierno del doble comando era el gobierno anterior, no este. Este proyecto de ley lo ha enviado el presidente de la nación, el presidente de todos los argentinos", le respondió el diputado libertario Damián Arabia, sobre la posibilidad de consensuar un proyecto que contemple solo el contenido del Título I del proyecto impulsado por el oficialismo.

    Arabia aclaró que rechaza "enérgicamente" la última dictadura cívico militar, pero remarcó: "Ninguno de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas estaban en ese entonces, es muy injusto de nuestra parte seguir dejando al margen de la democracia argentina a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas". Ya que el proyecto, como señalaron algunos especialistas, difumina la línea entre Defensa y Seguridad Interior.

    El diputado peronista y veterano de la Guerra de Malvinas, Aldo Leiva, señaló que "solo un tercio" del proyecto se refiere a las islas Malvinas, denunció un "aprovechamiento político" y respaldó la propuesta de Martínez sobre alcanzar un consenso sobre el Título I.

    El diputado por Chaco Aldo Leiva es veterano de la guerra de Malvinas.

    El legislador también le respondió a Arabia: "Hablan mucho de las Fuerzas Armadas ustedes, pero ayuden a que no anden manejando Uber". Y, por otro lado, cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia en contra del CECIM La Plata por la Ley de Tierras: "¿Cómo no van a tener legitimidad aquellos que con 19 años fueron a defender la patria? No le falten el respeto al pueblo argentino".

    La diputada peronista Agustina Propato pidió que los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Carlos Presti (Defensa) y la secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Paola Iris Di Chiaro, participen del plenario de comisiones. "Hay que separar el Título I del resto", exigió la legisladora.

    El diputado libertario Beltrán Benedit solicitó la palabra por sentirse aludido durante las exposiciones precedentes y Martínez lo interrumpió antes de que comenzara a disertar: "Si él fue a visitar a genocidas es un problema de él". Zapata intentó poner orden mientras el jefe del bloque peronista se refería a su par entrerriano como "culo sucio".

    "No se vaya, Martínez, quédese. Sea valiente", le retrucó Benedit y deslizó: "No teatralice". El legislador libertario quería justificar ante Leiva su visita a condenados por delitos de lesa humanidad: "Es una buena costumbre para la gente de fe, a los cristianos acompañar a los enfermos, visitar a los presos y ayudar a los necesitados".

    Beltrán Benedit, diputado de La Libertad Avanza por Entre Ríos.

    "Se ha instalado la palabra genocidio en un país donde no hay ninguna persona procesado ni condenado por genocidio", opinó el legislador libertario y respaldó el discurso utilizado por la Junta Militar para realizar el último golpe de Estado argentino: "Sí hubo un plan de las fuerzas subversivas terroristas y lo quiso llevar adelante el señor Mario Santucho".

    El 19 de septiembre de 2006 el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata condenó al exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense Miguel Etchecolatz a perpetua en una cárcel común por "delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio". Así que sí existe la condena por genocidio en Argentina.

    Qué dijeron los expositores invitados sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

    Por el CECIM La Plata disertó Jerónimo Guerrero Iraola y advirtió sobre "una Galtierización del Gobierno que bajo el pretexto de la malversación de la cuestión Malvinas está intentando incluir parámetros y dispositivos de control social que son extremadamente riesgosos para la vida democrática y el estado de derecho argentinos".

    "Milei ya cuenta con las herramientas legales y legislativas para avanzar sobre el saqueo que están realizando sobre nuestro archipiélago, sobre nuestra plataforma continental y el Atlántico Sur", apuntó Guerrero Iraola e insistió: "El proyecto busca esconder la verdadera finalidad de este gobierno: perseguir a la disidencia y la oposición política".

    Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM La Plata.

    El abogado del CECIM La Plata pidió que la Cámara baja rechace "íntegramente" el proyecto de ley y señaló que "Milei tiene en su cabeza el bonete del vendepatria".

    "Si quiere defender la soberanía, que mire lo que viene haciendo desde el principio de su gobierno en vez de querer hacer pasar un dispositivo persecutorio que nos ponga a todos y todas en estado de sitio", concluyó Guerreo Iraola.

    El intendente de Punta Indio cuestionó el traslado de dos cuadrillas desde la Base Aeronaval Punto Indio a la Base Aeronaval Comandante Espora, cerca de Bahía Blanca, como parte del Plan Dédalo del Gobierno para modernizar la Armada y remarcó que "tiene que ver con algo estratégico, con reordenar los recursos".

    "Nos corremos, nos vamos 700 kilómetros al sur, a la provincia de Buenos Aires y dejamos a la vera de Dios lo que suceda en el Río de la Plata", advirtió Angueira este martes.

    El intendente de Punta Indio, David Angueira. Foto de archivo.

    Angueira apuntó: "La ubicación de Punta Indio adquiere una dimensión que excede ampliamente una cuestión militar, estamos hablando de un punto estratégico sobre el Río de la Plata, por donde se desarrolla una parte fundamental de la actividad económica y del comercio argentino".

    El ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Guillermo Carmona alertó que el Consejo de Malvinas "hace ya más de dos años que no funciona" y remarcó que el gobierno de Milei "durante tres años no hizo nada" para sancionar la extracción de petróleo en las islas Malvinas.

    "La última sanción que hay en relación con la actividad hidrocarburífera en Malvinas la comenzó Daniel Filmus como secretario, la continué yo y la terminé junto con el entonces secretario de Energía, Darío Martínez. Desde abril de 2022 no solo no han habido sanciones, sino que se han habilitado empresas a operar ilegalmente en Argentina", reconstruyó el exfuncionario.

    Guillermo Carmona. Foto de archivo.

    Carmona enumeró a Harbour Energy, Blue Water, Noble Energy y Trafigura como algunas de las compañías que deberían haber sido sancionadas en los últimos tres años.

    Sobre el Consejo de Malvinas, el exdiputado reclamó: "Primero expulsaron a sus integrantes originales, destacadísimas figuras vinculadas a la política exterior y la Defensa. Hay que reclamar el Consejo Malvinas, no el Consejo de Seguridad Nacional. Ahí está la definición de la política de Estado".

    Juan Rattenbach, del Grupo de Trabajo Malvinas, pidió "abordar la causa Malvinas desde una perspectiva integral, que no solo incluya la diplomacia, sino también la defensa, la economía, la ciencia, la educación y la cultura".

    El abogado reconoció que endurecer las sanciones contra empresas que operen en Malvinas es una propuesta positiva, pero advirtió que "hay otras que hay que mirar con atención", como el capítulo 5, e hizo hincapié en la necesidad de una política exterior que acompañe a esta herramienta legislativa.

    "Además de tener una herramienta legislativa, la misma tiene que estar armonizada con una política exterior que promueva que la causa Malvinas tenga una escala continental tal como fue en el periodo del 2010 al 2015 que hicieron exitosos los esfuerzos por sancionar a la economía colonial británica en nuestro territorio", explicó Rattenbach este martes.

    Qué propone el proyecto de Defensa de la Soberanía

    La iniciativa impulsada por el Gobierno plantea reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones contra quienes participen de la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

    El texto establece penas de hasta 20 años de prisión, inhabilitaciones y un registro público de infractores. Las restricciones ya no alcanzarían únicamente a los hidrocarburos, sino también a otros recursos naturales renovables y no renovables.

    Además, propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. El organismo tendría facultades para coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia.

    El proyecto también contempla medidas ante amenazas consideradas graves e inminentes, como el bloqueo temporal de fondos, restricciones financieras y comerciales y la suspensión de determinadas autorizaciones. A su vez, incorpora la posibilidad de derribar aeronaves o hundir buques considerados hostiles como último recurso dentro de un protocolo específico.

    Otro de los puntos establece restricciones al financiamiento extranjero de partidos y campañas electorales e incorpora nuevos delitos vinculados con espionaje, operaciones clandestinas, desinformación, violencia y sabotaje.

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