Está acusada de presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Para el Presidente del Gobierno, se trata de una estrategia contra su gestión impulsada por medios "de marcada orientación derechista".
La investigación sobre Begoña Gómez se extendió durante dos años.
La Justicia de España avanzó en la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien fue procesada por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, tras una investigación que lleva dos años.
La decisión fue tomada por el juez Juan Carlos Peinado, quien a su vez dejó fuera una de las acusaciones iniciales, intrusismo profesional, al considerar que no había indicios suficientes para sostenerla.
El magistrado dio ahora un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral, al tiempo que procesó a una colaboradora de su entorno, Cristina Álvarez, y a un empresario vinculado a los proyectos bajo análisis, Juan Carlos Barrabés.
La defensa de Gómez rechaza de plano las acusaciones y cuestiona la imparcialidad del proceso. Su abogado denunció una investigación sin garantías y sostuvo que no existe fundamento para sostener los delitos imputados. En la misma línea se ha expresado Sánchez, quien reitera que la denuncia es una estrategia de "acoso y derribo" contra su gobierno llevada a cabo por "medios de marcada orientación derechista y ultraderechista", apoyados por la oposición.
La investigación se abrió a raíz de una denuncia de Manos Limpias, un colectivo cercano a la extrema derecha, que reconoció haberse basado exclusivamente en artículos de prensa. Una segunda asociación, Hazte oír, se sumó posteriormente a la causa.
El medio digital El Confidencial había revelado presuntos vínculos de Gómez con empresas privadas que recibieron fondos y contratos públicos del gobierno, reportó AFP. Para Sánchez, se trata de "supuestas informaciones" de una "constelación de cabeceras ultraconservadoras".
La Guardia Civil entregó al tribunal dos informes concluyendo que no hubo irregularidades por parte de Gómez, mientras que la Fiscalía ha pedido el archivo del expediente.
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