La iniciativa destina hasta 15.000 millones de reales a la compra de carteras impagas con quitas mínimas del 90%. El programa oficial proyecta beneficiar a 15 millones de personas mediante el traslado directo de los descuentos a los deudores.
El Ministerio de Economía prevé la entrada de hasta 150.000 millones de reales al sistema.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva lanzó una nueva etapa del programa Desenrola Brasil 3.0, una iniciativa que destina hasta 15.000 millones de reales a la compra directa de deudas en mora para beneficiar a unos 15 millones de ciudadanos sobreendeudados en todo el país.
El plan estatal aplica un mecanismo de subastas públicas para adquirir carteras de créditos morosos a las instituciones financieras. El Estado exige un descuento mínimo del 90% en las operaciones y traslada esa quita íntegra a cada deudor para la cancelación o refinanciación del saldo.
Las deudas elegibles corresponden a personas físicas con compromisos impagos de hasta 10.000 reales. El programa contempla deudas con moras que acumulan entre 720 y 1.645 días de atraso, lo que representa un período de entre dos años y cuatro años y medio.
Los datos oficiales calculan un universo potencial de 300.000 millones de reales en deudas atrasadas bajo este marco temporal. El Ministerio de Economía prevé la entrada de hasta 150.000 millones de reales al sistema y proyecta la renegociación efectiva de unos 75.000 millones de reales.
El Poder Ejecutivo fija un límite máximo de 15.000 millones de reales para financiar la totalidad de las compras. La partida fiscal asignada computa como gasto primario dentro de los parámetros y límites previstos en las reglas impositivas vigentes.
El ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti, aclara que el presupuesto de 2027 absorbe este desembolso mediante reasignaciones internas. El funcionario remarca que la medida no genera un incremento del gasto global acumulado del Estado.
La medida provisoria incorpora normativas enfocadas en la promoción del crédito responsable para la población beneficiaria. El objetivo gubernamental busca evitar recaídas rápidas de las familias en situaciones de morosidad extrema.
La presentación de la iniciativa coincide con la prohibición de las apuestas de cuota fija en el territorio nacional. El Gobierno articula ambas decisiones dentro de su estrategia integral para proteger el ingreso de los hogares e impedir la pérdida de patrimonio.
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