El gobierno de Trump ofrece u$s3.000 y un pasaje de avión a inmigrantes que quieran autodeportarse

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció este lunes un incremento temporal del incentivo económico para inmigrantes indocumentados que opten por la autodeportación. El organismo ofrecerá un pago de u$s3.000 y cubrirá el costo del pasaje aéreo a quienes decidan abandonar el país voluntariamente antes del 31 de diciembre.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, detalló que este beneficio navideño está dirigido tanto a personas que no fueron detectadas por las autoridades como a detenidos sin cargos penales. “Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en los EE.UU., les daremos u$s3.000 durante las fiestas para que puedan regresar a casa”, afirmó la funcionaria en declaraciones a la cadena Fox News.

El gobierno estadounidense busca agilizar la salida de extranjeros irregulares como parte de la política migratoria de la administración de Donald Trump. Noem advirtió que aceptar esta oferta permite una salida ordenada que no cierra definitivamente las puertas a un futuro reingreso legal: “Les facilitaremos el proceso y quizás tengan la oportunidad de regresar a este país de la manera correcta algún día”.

Por el contrario, la secretaria advirtió que quienes esperen a ser interceptados y arrestados perderán cualquier posibilidad de retorno legal en el futuro. Para gestionar el trámite, el DHS instó a los interesados a utilizar la aplicación oficial CBP Home, asegurando que el organismo trabajará para que los solicitantes “lleguen a casa a tiempo para Navidad”.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero pasado, el DHS estima que 1,9 millones de inmigrantes optaron por la deportación voluntaria. Este programa de incentivos, que anteriormente ofrecía un estipendio de u$s1.000, se enmarca en la promesa presidencial de ejecutar la mayor campaña de deportaciones en la historia de Estados Unidos.

Pese al avance del programa, la estrategia generó duras críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, quienes cuestionan las redadas y arrestos masivos realizados durante el año. No obstante, el Ejecutivo ratificó su postura de priorizar las salidas voluntarias mediante bonos económicos para reducir los costos y la logística de las detenciones forzadas.