La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que las billeteras virtuales continuarán excluidas del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios. La decisión revierte la incertidumbre generada a finales de 2025, cuando se preveía el fin de la exención para estas plataformas en el inicio del nuevo ciclo fiscal.
La medida beneficia directamente a las firmas que operan como Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y carecen de licencia bancaria. Entre las plataformas alcanzadas por esta ratificación se encuentran Mercado Pago, App YPF, Prex, Carrefour Banco, Shell Box y Claro Pay, que podrán seguir operando sin el recargo tributario.
A diferencia de las billeteras virtuales tradicionales, las plataformas de criptoactivos no fueron incluidas en este beneficio. Estas entidades permanecen dentro del "padrón de contribuyentes" del tributo, manteniendo el estatus legal y la obligación impositiva que les fue asignada a finales de 2024.
El gravamen en cuestión retiene un 1,2% sobre las transacciones financieras, repartido en partes iguales entre el emisor y el receptor de los fondos. La aplicación de este impuesto se activa únicamente en operaciones donde al menos uno de los participantes sea una persona jurídica.
Alivio de costos y paridad en el marco regulatorio digital
La anulación del cobro generó un alivio inmediato en el sector fintech, ya que su implementación habría derivado en un incremento de costos operativos para miles de pymes. Asimismo, la medida evita un potencial traslado de esta carga impositiva hacia las comisiones que afrontan los usuarios finales por el uso de las aplicaciones.
La decisión de ARCA también preserva los incentivos de competencia entre la banca tradicional y el ecosistema digital. Una mayor presión tributaria sobre los PSP habría reabierto el debate sobre las obligaciones de pago y las asimetrías regulatorias en un mercado con creciente participación en el consumo masivo.
En este escenario, el mercado permanece atento a la postura de Mercado Pago, firma que concentra cerca de dos tercios del sector local. La relación de la empresa líder con el Estado será determinante para definir el futuro marco normativo de las transferencias y los pagos digitales en el país.