La respuesta de la AFA tras la decisión de la IGJ: "No será sometida a una veeduría ilegítima"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado este jueves en respuesta a la solicitud realizada por la Inspección General de Justicia (IGJ) para designaran veedores y poder acceder a la información contable y financiera. “No será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”, señala en el escrito firmado por su presidente Claudio Tapia.

El documento está compuesto por 7 puntos donde en uno de ellos aseguran que la resolución de la IGJ “no implica sanción, ni interferencia en el manejo y administración de la entidad” y que se trata de una “medida preparatoria” con el fin de “determinar si corresponde adoptar medidas adicionales”.

“La pregunta es obligada: Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se funda en “graves irregularidades”? Porque si las irregularidades fueran realmente graves, la IGJ tendría la obligación legal de aplicar sanciones (multas, intervención, cancelación de personería). Pero no lo hace. Dice que “no es una sanción”. Entonces, ¿de qué “gravedad” estamos hablando?“, plantearon en uno de los ítems definidos como ”contradicción insoslayable".

Al hacer referencia al cambio de domicilio fiscal a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, ya aprobada, la AFA describió: “La IGJ insiste en que la sede de Pilar es falsa porque en el predio no hay oficinas. Pero omite mencionar que el cambio de domicilio fue aprobado por la autoridad provincial competente, y que la inscripción en la Provincia es un acto administrativo válido y vigente“.

En el descargo aseguran que hay un “trasfondo político” en dicho accionar: “No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales”.

“Señor Inspector General de Justicia: si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presenta como si lo fuera? ¿Por qué habla de “graves irregularidades” si, según sus propios términos, sólo está recolectando información? La respuesta es sencilla: porque no es una medida técnica, es una operación política. Y las operaciones políticas no resisten el control judicial", sentenciaron.