Al juicio por el triple lesbicidio de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante en Barracas contra Justo Fernando Barrientos le quedan solo dos audiencias: los alegatos del abogado defensor, Ricardo Antonio Richiello, este miércoles y la lectura de la sentencia, agendada para el 18 de noviembre y a cargo de los jueces Juan Manuel Grangeat y Adrián Pérez Lance y la jueza Cinthia Oberlander.
Barrientos está imputado por "homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con un medio idóneo para generar peligro común, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento y por haber sido cometido con odio" y esperó el juicio detenido de forma preventiva en Complejo Penitenciario de Ezeiza. La pena más alta para este crimen es la prisión perpetua, según el artículo 80 del Código Penal.
Pérez Lance, el presidente del tribunal, dispuso que para la lectura del veredicto el imputado deberá estar presente en la sala para decir sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia. La mayoría de las audiencias se realizaron por Zoom o con modalidad mixta.
Justo Fernando Barrientos, el único imputado por el triple lesbicidio en Barracas.
Ministerio Público Fiscal de la Nación
Si la calificación del odio se mantiene en su condena, implicaría la apertura de un camino para otros casos de iguales características, como el intento de lesbicidio que ocuriró en Cañuelas en 2025, que también llegó a juicio, pero en la provincia de Buenos Aires.
Las querellas y el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi pidieron la pena máxima para el imputado de casi 70 años. Si los jueces y la jueza coinciden con este pedido, harán historia al firmar la primera sentencia por lesbicidio en Argentina.
"No fue un homicidio cualquiera: las prendió fuego de una manera deliberada, con el objetivo de quemarlas vivas, de que sufrieran y agonizaran", sostuvo Fernández Buzzi ante el Tribunal en lo Criminal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires y remarcó que "el motivo del crimen fue el odio".
El fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi.
Fiscales.gob.ar
"Vivían acosadas y discriminadas por Barrientos por ser lesbianas y por ser mujeres", remarcó el fiscal en sus alegatos el miércoles 28 de octubre y afirmó: "Él se creía superior, se permitía discriminar y despreciar a estas mujeres porque no cumplían con el estereotipo que la sociedad les asigna".
Los alegatos de las querellas en el juicio por el triple lesbicidio en Barracas
En esa misma audiencia, alegó la querella colectiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) compuesta por Samanta Pedrozo, Flavia Massenzio y Sofía Saavedra Chávez como asistente letrada.
"Lo que les pasó a Andrea, a Pamela, a Roxana y a Sofía no les pasó solo a ellas, nos pasó a todas las personas que desde que nacemos tenemos que aprender a vivir con el odio y la discriminación", aseveró Pedrozo, y remarcó que el fuego que inició Barrientos no solo consumió los cuerpos de las tres víctimas "hasta dejarlas sin piel y sin pelos, se llevó sus vidas y sus esperanzas de vivir en una sociedad mejor".
Pedrozo exigió: "Soy abogada penalista pero antes soy mujer y lesbiana, y necesito que el Estado me cuide. Necesitamos pedirle al Estado que proteja nuestras identidades. No podemos vivir con miedo a que una persona como Barrientos decida prendernos fuego por ser quienes somos y por cómo vivimos".
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Al término de la jornada, Pedrozo festejó coincidir con el fiscal y haber acreditado "lo que pasó, cómo pasó y qué fue lo que motivó a Barrientos". "A Barrientos le molestaba que no se dejaran acosar, nuestras mujeres pusieron límites y eso les costó la vida", destacó la abogada en la puerta del tribunal.
Dos días antes, alegaron la querella de Pamela Cobas y Roxana Figueroa, en manos de la Defensoría Pública de Víctimas; y la de Sofía Castro Riglos y Andrea Amarante, a cargo de Luciana Sánchez. La particularidad de esta última fue que también exigió una reparación histórica para la única sobreviviente del ataque lesboodiante y para toda la comunidad LGBT+.
Para Sofía solicitó indemnizaciones económicas por lucro cesante, incapacidad, gastos de mudanza, acompañamiento permanente y pérdida de pertenencias; la cobertura del tratamiento en salud mental; la pensión por viudez y la eximición del pago de la parcela en el Cementerio de Chacarita.
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Sofía terminó con el 3% con lesiones por quemaduras y no declaró en el juicio porque las evaluaciones médicas concluyeron que no se encontraba en condiciones de hacerlo. Su relato fue incorporado mediante actas y declaraciones de personas que la asistieron.
Como reparación a la comunidad LGBT+, Sánchez demandó la expropiación del hotel de Barracas para convertirlo en un espacio de memoria; capacitaciones obligatorias con perspectiva de diversidad para la Justicia, la Policía de la Ciudad y el cuerpo médico forense; políticas públicas para fortalecer la autonomía de las lesbianas y abordar la violencia discriminatoria en crisis habitacionales; y difusión institucional de la sentencia y un registro oficial de casos de violencia contra el colectivo.