"No permitamos que se apague la Universidad": convocan a una Marcha de las Velas en Tribunales

El conflicto entre las Universidades y el Gobierno suma un nuevo capítulo tras la convocatoria a una Marcha de las Velas que la comunidad universitaria realizará hacia Tribunales para que se cumple con la Ley de Financiamiento Universitario.

La jornada de protesta fue convocada para este miércoles 4 a las 17, junto a estudiantes, docentes y trabajadores no docentes, para exigir y visibilizar la crisis presupuestaria de las universidades ,que cuentan con los recursos del Estado para seguir abiertas.

Bajo la consigna "No permitamos que se apague la Universidad", la iniciativa cuenta con la organización de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la Federación Universitaria Argentina (FUA), los gremios docentes y no docentes ADUBA y APUBA, y algunos centros de estudiantes.

Los estudiantes se concentrarán a partir de las 17 en Plaza Houssay (Córdoba y Junín) para marchar a las 18 hacia el Palacio de Tribunales, para que cerca de las 19 se dicte una clase pública de Derecho Constitucional. "En democracia la ley se cumple", escribieron en redes desde la FUBA.

Paralelamente, aumenta la brecha presupuestaria para el 2027. El proyecto presentado por el Gobierno prevé una asignación de $7,3 billones para las universidades nacionales, los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional estiman que se requieren al menos $11 billones para garantizar el funcionamiento operativo y cumplir con las exigencias de la ley.

Universidades reclaman al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento

La comunidad universitaria reclamará una vez más ante la Justicia para que el gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto radica en el cumplimiento de la Ley 27.795, que garantiza la recomposición salarial de los trabajadores del sector, la actualización del monto de las becas estudiantiles y la asignación de recursos operativos para el funcionamiento de las instituciones públicas.

Si bien la ley fue promulgada por el Poder Ejecutivo en octubre de 2025, su aplicación quedó congelada con el argumento oficial de definir las partidas presupuestarias correspondientes. Esta decisión derivó en una judicialización del reclamo: recientemente, el juez Martín Cormick declaró inconstitucional la suspensión de la normativa y ordenó al Gobierno ponerla en marcha de inmediato, fallo que fue apelado por el Gobierno.