Baja de la edad de imputabilidad: Alejandra Monteoliva aclaró en qué cárceles cumplirían sus condenas los menores

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aclaró uno de los puntos más sensibles del proyecto para bajar la edad de imputabilidad que el Gobierno nacional pretende debatir en sesiones extraordinarias del Congreso: dónde y cómo cumplirían eventuales condenas los menores de edad que cometan delitos graves.

La funcionaria remarcó que el esquema previsto por la iniciativa oficial descarta de plano la convivencia de adolescentes con presos adultos y apunta a la creación o reconversión de instituciones específicas, con un fuerte componente socioeducativo y formativo. “Sería irracional mezclar adolescentes con adultos”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.

Monteoliva explicó que el Ministerio viene trabajando con las provincias para avanzar en un sistema de clasificación más preciso de las personas privadas de la libertad, basado en su historia criminal o criminológica. “Hemos avanzado mucho y trabajado con las provincias para que empiecen en la historia criminal o criminológica de cada uno de los presos porque eso es lo que permite clasificar igual. No es lo mismo uno que robó, violó o mató. Son todas situaciones distintas”, afirmó.

En ese marco, la ministra señaló que el proyecto de Ley Penal Juvenil pone el foco en la especificidad del abordaje de los menores en conflicto con la ley penal. “El proyecto de ley tiene un foco puesto que es un componente socioeducativo fuerte y permanente. Deben ser instituciones que garanticen que ese proceso formativo, de educación, tiene que estar presente”, explicó.

Según detalló, esto implicará necesariamente una redefinición de las estructuras existentes. “Habrá que reformular y reencaminar esas estructuras con las provincias”, dijo, en alusión a la necesidad de adaptar o crear espacios adecuados para adolescentes, diferenciados del sistema penitenciario tradicional.

El proyecto de Ley Penal Juvenil del oficialismo fue presentado por el Poder Ejecutivo en julio de 2024 y propone una reforma integral del régimen vigente. El eje más trascendente es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasaría de 16 a 13 años, un punto que genera fuerte debate político y social.

Entre los puntos centrales de la iniciativa, se establece un sistema de sanciones orientado a la educación y la resocialización, con prioridad para las medidas no privativas de la libertad. La propuesta redefine además las penas posibles y fija un tope máximo de 20 años de condena para determinados delitos de extrema gravedad.