Financiamiento universitario: la Justicia revisará la vigencia la cautelar que obliga al Gobierno a cumplir la ley

La Justicia habilitó un nuevo recurso presentado por el Gobierno de Javier Milei en la causa por la Ley de Financiamiento Universitario y abrió la instancia para revisar la continuidad de la medida cautelar que obliga al Estado a actualizar los salarios del personal de las universidades públicas y garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles.

La decisión fue tomada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que aceptó un planteo del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación. El recurso apunta contra la decisión del juez Martín Cormick de mantener abierto el procedimiento para ejecutar la cautelar.

El Gobierno había intentado apelar esa resolución, pero el magistrado rechazó la presentación el 14 de octubre. Frente a esa negativa, las autoridades educativas acudieron a la Cámara para que revisara el caso. Finalmente, el tribunal habilitó el tratamiento del recurso al considerar que la decisión cuestionada podía ocasionarle al Estado un perjuicio de difícil reparación.

En sus argumentos, el Ejecutivo sostuvo que ya había cumplido con las obligaciones establecidas en la medida cautelar y planteó que esta tenía un plazo de vigencia que, según su interpretación, ya venció. También cuestionó que continuara el procedimiento de ejecución ante la posibilidad de recibir sanciones económicas por un eventual incumplimiento.

La resolución judicial, sin embargo, no determinó si el Gobierno cumplió con la orden ni estableció que la cautelar haya perdido vigencia. Esos puntos continuarán bajo análisis en el expediente.

El nuevo pronunciamiento se suma a otra decisión de la misma Cámara, adoptada el 15 de octubre, que dejó en suspenso mientras se tramita una apelación las multas diarias de $100.000 impuestas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la medida.

Santilli busca frenar las multas personales por el financiamiento universitario y cuestiona la sanción judicial

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó un escrito ante la Justicia para intentar frenar la ejecución de las multas personales que le impusieron en el marco del conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales.

El funcionario solicitó que se suspendan las astreintes de $100.000 diarios fijadas por el incumplimiento de una medida cautelar y, en caso de que ese pedido sea rechazado, interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para que se deje sin efecto la sanción.

El origen del conflicto por el financiamiento universitario

La causa fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso determinara las fuentes de los recursos necesarios.

El 6 de octubre, el juez Cormick declaró inconstitucional esa condición y ordenó aplicar la norma. El Gobierno apeló la sentencia, mientras que, en paralelo, continuó la disputa judicial por la ejecución de la cautelar que exige recomponer los salarios docentes y no docentes y garantizar el financiamiento de las becas estudiantiles.