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La UBA le exige al Gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires ratificó la emergencia salarial y presupuestaria en 2026. A pesar de que fue aprobada dos veces por el Congreso, la gestión de Javier Milei no la ejecutó. "Promover una educación de calidad en todos los niveles constituye una obligación indelegable del Estado", señalaron.

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  • En marco del paro de docentes universitarios para el próximo lunes 16 de marzo, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires le exige al Gobierno que aplique la Ley de Financiamiento Universitario y ratifica la emergencia en el presupuesto 2026.

    Mediante un comunicado desde el Consejo reiteró al Poder Ejecutivo Nacional la solicitud de aplicación inmediata de la ley aprobada en 2025, y la actualización, en línea con la inflación observada, del presupuesto destinado a los gastos de funcionamiento de la Universidad, particularmente en relación con las partidas vinculadas con la función salud.

    La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y de Recomposición Salarial aprobada dos veces por el Congreso de la Nación tiene como objetivo garantizar el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales y la recomposición salarial de sus trabajadores y trabajadoras.

    "Dicha ley establece, además, como destinos prioritarios de los fondos la mejora de la infraestructura universitaria, el fortalecimiento de las becas estudiantiles, el financiamiento de los colegios preuniversitarios y el desarrollo de las actividades de enseñanza, investigación, extensión e internacionalización", remarcaron en el escrito.

    Tanto las Universidades Nacionales como la UBA iniciaron acciones judiciales ante este incumplimiento: "La aplicación de esta ley permitiría contar con un presupuesto adecuado para garantizar las funciones de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional".

    También remarcaron que las universidades públicas son centrales en la formación de profesionales estratégicos para el país, graduando, a casi el 80% de los médicos y más del 90% de los odontólogos y veterinarios de la Argentina.

    "Es por ello que se requiere la jerarquización de la función de sus trabajadores y trabajadoras para garantizar la excelencia en las tareas de enseñanza, investigación, extensión y asistencia a la salud. Para el desarrollo de estas funciones, resulta indispensable contar con asignaciones presupuestarias adecuadas que permitan planificar y sostener las actividades universitarias", aseguraron.

    Docentes de la Universidad de Buenos Aires advirtieron que las clases no comenzarán el próximo 16 de marzo

    La Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) junto a la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), realizará un paro de actividades de 24 horas el próximo 16 de marzo, por lo que se postergará el inicio de las clases. Reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y exigen el llamado a paritarias, suspendido por el Gobierno Nacional desde 2024.

    Esta medida se suma al llamado a paro por tiempo indeterminado de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) que se conoció la semana pasada, quienes establecieron un plan de lucha con movilizaciones, acciones y cortes, para los próximos días.

    Al respecto, El secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), Emiliano Cagnacci, aseguró: “Los trabajadores y trabajadoras docentes, nodocentes, el personal de salud de los hospitales universitarios e investigadores vamos a estar haciendo un cese de actividades para exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Y sobre todo, reclamamos por el urgente llamado a paritarias”.

    Y agregó: “Desde el año 2024 que no se convoca a una paritaria formal para discutir nuestro salario y esto provocó un retraso que al día de hoy ya se hace insostenible para todos los trabajadores y trabajadoras del sistema universitario”.

    Tras la sanción de la Ley 27795, el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 795/2025, suspendió la aplicación de la norma, al argumentar que la ley no autorizaba gastos para prever en forma expresa el financiamiento universitario.

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