Rectores y rectoras de Universidades Nacionales se reunieron hoy con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en la sede de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), para analizar la crítica situación que atraviesa el sistema universitario argentino, golpeado por el ajuste de los fondos necesarios para su funcionamiento y por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno.
Durante el encuentro, Massa remarcó el valor de la universidad pública como herramienta de igualdad: “La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante”. Y sostuvo: “La universidad pública, todos sabemos lo que representa en términos de movilidad social ascendente en la Argentina, y defenderla es una obligación que tenemos todos como sociedad”.
En esa línea, el exministro de Economía advirtió sobre la pérdida de talento que provocó el ajuste: “Tenemos que recuperar a esos 10 mil docentes y científicos que se fueron del país”. Y planteó: “Tenemos que recuperar la centralidad de la Universidad como modelo de desarrollo”.
Mesa de trabajo en la UNSAM.
Desfinanciamiento universitario
En la reunión se evaluó, además, el impacto institucional del recorte: la difícil situación salarial de docentes y no docentes, la falta de actualización de las becas estudiantiles y la paralización de las obras de infraestructura que estaban en marcha. Desde diciembre de 2023, las Universidades Nacionales acumularon una caída presupuestaria real del 41,6%, y los salarios docentes y no docentes perdieron más del 30% de su poder adquisitivo.
Por último, pese a que el Congreso de la Nación sancionó y ratificó con mayoría agravada la Ley 27.795, el Poder Ejecutivo continúa sin aplicarla. Las universidades, a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), recurrieron a la Justicia y obtuvieron una medida cautelar, ratificada por la Corte Suprema, que obliga a actualizar los salarios y las becas, y que tampoco se cumplió. Además, en primera instancia se declaró inconstitucional el decreto con el que el Ejecutivo frenó la aplicación de la ley.
