El Gobierno oficializó la actualización de la Ley 26.879, que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal, el cual pone en el foco la identificación de homicidios, abusos sexuales y narcotráfico.
El decreto establece que el Ministerio de Seguridad será la autoridad de la aplicación de la ley, desplazando así a la órbita de Justicia que hasta ahora tenía bajo su control la base de datos. A través del Decreto 709/2025 responden a la necesidad de adaptar el marco normativo a los avances tecnológicos y científicos de los últimos años.
El decreto indica que la individualización genética es la herramienta más eficaz y certera usada para la identificación criminal. En el considerando de la norma aseguraron que el almacenamiento, registro y tratamiento de los datos personales deberán realizarse bajo “estricto secreto y confidencialidad”.
Se dispone que los perfiles genéticos almacenen en una base de datos separada de la información filiatoria de los aportantes y que se deje constancia de los funcionarios que accedan al registro para asegurar la transparencia.
También agregaron que la herramienta ayuda a “evitar la revictimización que se produce al quedar impunes hechos criminales que violentan los derechos fundamentales de las personas”.
La base de datos contará con información proveniente de laboratorios acreditados bajo las normas de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y del Organismo Argentino de Acreditación.
El anexo del decreto aclara que, para la obtención de perfiles genéticos de las personas imputadas, procesadas o condenadas, la normativa exige que las autoridades judiciales ordenen la extradición de muestras biológicas dentro de los cinco días hábiles y se priorizarán perfiles de imputados por homicidio doloso, abuso sexual, narcotráfico y robo agravado.